El primer ministro británico, Keir Starmer, ha desatado una intensa polémica al rechazar la petición de una investigación nacional sobre las bandas que seducían y abusaban sexualmente de menores en el Reino Unido.
La decisión, tomada durante la sesión semanal de control en la Cámara de los Comunes, ha sido criticada por opositores que la califican como un intento de encubrimiento y una falta de compromiso con las víctimas.
El escándalo, que ha dominado el debate político esta semana, gira en torno a grupos, en su mayoría de origen paquistaní, que operaban en distintas zonas del país durante más de dos décadas.
Las bandas seducían a niñas para posteriormente abusar sexualmente de ellas.La polémica se intensificó tras las acusaciones del magnate tecnológico Elon Musk, quien responsabilizó a Starmer de la inacción ante este flagelo cuando fue director de la Fiscalía entre 2008 y 2013.
A pesar de la insistencia de la líder conservadora Kemi Badenoch en que se realice una investigación nacional a raíz de múltiples casos locales investigados en el pasado, Starmer ha argumentado que las víctimas necesitan acción inmediata y no otra prolongada investigación.
Una investigación podría concluir en 2031, afirmó el primer ministro.
En su lugar, Starmer ha llamado a la bancada conservadora a apoyar un proyecto de ley que busca criminalizar el encubrimiento de casos de abuso sexual infantil, enfatizando que este es un paso crucial para proteger a los niños.
Badenoch, sin embargo, ha sostenido que no respaldar una investigación nacional podría ser interpretado como una actitud obstruccionista y ha insistido en que la misma podría revelar si hubo motivaciones raciales o culturales detrás de los abusos.
La viceministra para la Protección de Mujeres y Niñas, Jess Phillips, también se ha visto envuelta en el escándalo al rechazar las solicitudes del Ayuntamiento de Oldham para una investigación gubernamental sobre estas bandas de seducción histórica.
Las víctimas merecen justicia, afirmó Badenoch.No podemos permitir que este tipo de abusos sigan sucediendo.
La situación mantiene alta la tensión política, con los conservadores acusando a Starmer de proteger a sus propios intereses y al gobierno laborista defendiendo su enfoque centrado en la legislación para prevenir futuros casos.