La Fiscalía de Ciberdelitos, bajo la dirección de Sofía Cornejo, está llevando adelante una investigación de oficio por supuestos delitos de intimidación pública a través de redes sociales en contra de figuras políticas.
La investigación surge sin denuncia formal del delito y ha generado un debate sobre los límites de la libertad de expresión en el ciberespacio.
Tres personas han sido imputadas hasta el momento: Alonso Javier Allemand, Florencia Arias Bustamante y Juan Marco Capisano.
Todos ellos ya declararon ante la justicia, algunos incluso ampliando su testimonio y colaborando con la causa.
Se ha procedido al secuestro de elementos de prueba como celulares para fortalecer las indagaciones.
Se les acusa de crear contenido en redes sociales que difame a diversas personalidades políticas, incluyendo al propio gobernador Gustavo Sáenz.
Esta investigación se convierte en un caso emblemático al poner sobre el tapete la importancia de proteger a los líderes políticos del acoso virtual, sin descuidar el derecho fundamental a la libertad de expresión.
Es necesario encontrar un equilibrio entre garantizar la seguridad de las figuras públicas y respetar los derechos de los ciudadanos a expresarse libremente online, afirma el Dr. Martín Ramírez, experto en derecho digital.
Esta investigación es crucial para establecer límites claros y proteger a todos los involucrados.
El caso continúa su curso sin pronunciamiento oficial del Ministerio Público Fiscal, dejando al público expectante sobre las posibles consecuencias para los imputados y la evolución de la regulación del discurso online en el país.