El gobierno argentino busca reestructurar la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mediante un plan de retiro anticipado que ha generado controversia.
A raíz del anuncio de la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el gobierno reveló una nueva estructura para el nuevo fisco, incluyendo la desvinculación de 3.155 agentes ingresados irregularmente durante el último gobierno kirchnerista.
Este plan ha sido objeto de críticas por parte de las asociaciones de empleados fiscales y aduaneros, quienes han realizado acciones de fuerza como apagones informativos.
A pesar del anuncio inicial de despidos, el gobierno reconoció que no pudo avanzar con la medida debido a la nueva estructura implementada entre 2019 y 2023.
Se estima que la reducción del personal se alcanzará mediante un plan de retiro anticipado con un tope máximo de 1500 vacantes, disponible para empleados mayores de 58 años con al menos 15 años de servicio en el Estado.
El sistema es atractivo porque calcula la indemnización en base al salario de diciembre de 2024, sin aplicar la baja del porcentaje de recaudación, afirmaron fuentes internas.
Los agentes que no alcancen para jubilarse recibirán una cobertura médica equivalente a 12 veces la suba de sus últimos aportes personales y contribuciones patronales a la obra social.
La polémica también se agudiza con la información sobre los sueldos de los altos funcionarios de ARCA. El director ejecutivo, Juan Pazo, pasará a cobrar un sueldo equiparable al de un ministro, mientras que los directores de la Dirección General de Aduanas (DGA) y de la Impositiva recibirán el salario de un secretario.
El caso del director de la Impositiva, Andrés Vázquez, ha sido particularmente cuestionado debido a la compra de tres inmuebles en Miami no declarados y el ascenso de su pareja al frente de la Dirección Regional Centro II. A pesar de las críticas, fuentes oficiales aseguran que cuenta con el respaldo de Casa Rosada.
Fue nombrado por el presidente mediante un decreto, afirmaron ante la consulta sobre si existe la posibilidad de pedirle la renuncia a Vázquez, considerando que habitualmente se aplica una política de tolerancia cero hacia funcionarios vinculados a situaciones cuestionables.