La tensión entre el expresidente Donald Trump y el juez Juan Merchan de Nueva York alcanza un nuevo nivel tras el rechazo del magistrado de otorgar inmunidad presidencial al exmandatario en el caso relacionado con los pagos irregulares para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels.
Trump, a través de su red social Truth Social, ha calificado la decisión como completamente ilegal y psicótica, asegurando que este caso ilegítimo no es nada más que una farsa amañada que podría poner fin a la presidencia tal y como la conocemos.
Merchan, en su fallo, argumentó que la inmunidad judicial otorgada al expresidente por el Tribunal Supremo solo se aplica a actos oficiales realizados durante el mandato presidencial, y no al caso presente.
El juez señaló que Trump fue condenado por falsificar registros comerciales para silenciar a Daniels durante la campaña electoral de 2016, un acto que no se considera oficial ni parte del ejercicio de sus funciones como presidente.
Trump continúa acusando al juez de ser un partidista radical y de violar la Constitución al mantener una orden mordaza que le impide hablar públicamente sobre personas involucradas en el caso, incluyendo a su asistente judicial.
El expresidente argumenta que esta medida le impide exponer los conflictos descalificadores e ilegales de él y su familia.
Este litigio se desarrolla en un contexto de polarización política extrema en Estados Unidos.Trump ha utilizado sus plataformas digitales para atacar repetidamente al juez Merchan, alegando un sesgo político motivado por la hija del magistrado, quien trabaja en la promoción de campañas de políticos demócratas.
Estas acusaciones han generado una fuerte reacción tanto a favor como en contra de Trump, alimentando el debate sobre la independencia judicial y la libertad de expresión.
Especialistas legales señalan que este caso podría tener implicaciones significativas para el futuro de la justicia en Estados Unidos.
Si se permite que un presidente ataque sin fundamento a un juez por una decisión judicial que no le favorece, se erosionará la confianza pública en el sistema judicial, advierte el profesor de derecho Juan Pérez.