El Senado provincial aprobó un proyecto de ley que prohíbe a personas condenadas por delitos contra la integridad sexual ejercer en establecimientos educativos salteños, tanto como docentes como personal no docente.
La normativa busca garantizar la seguridad y el bienestar de los alumnos, previniendo cualquier riesgo de reincidencia por parte de individuos con antecedentes penales por este tipo de delitos.
La principal preocupación es la protección de los chicos, afirmó María Cristina del Valle Fiore Viñuales, titular de la cartera educativa provincial.
Creemos que aquellas personas que han sido condenadas por delitos contra la integridad sexual no pueden volver a tener alumnos a cargo.
El proyecto de ley se basa en la Ley Nacional de Educación, que establece que las provincias deben implementar normas específicas para evitar que individuos con antecedentes penales por delitos sexuales trabajen en el ámbito educativo.
Una modificación al Código Penal en 2015 estableció que las inhabilitaciones para este tipo de delitos sean perpetuas.
La condena tiene dos patas: la pena principal y la accesoria, explicó la ministra.La pena principal es la prisión; la accesoria es la inhabilitación.
En algunos casos, la inhabilitación coincidió con la duración de la condena principal.
Para asegurar un mayor control, el proyecto de ley exige que los aspirantes a docentes presenten no solo certificados de antecedentes penales locales, sino también informes del Registro Nacional de Reincidencia.
Esto permite detectar posibles delitos sexuales cometidos en otras provincias, evitando la reincorporación de individuos con un historial delictivo.
La normativa establece un protocolo para atender las denuncias contra docentes, que implica el inmediato apartamiento del acusado del contacto con los alumnos mientras se investiga el caso.
De confirmarse la denuncia, el docente será expulsado y sometido a procedimientos judiciales y administrativos.
En lo que va del año, he firmado unos 20 o 21 sumarios relacionados a este tipo de casos, señaló la ministra.
Ante la mera denuncia, ante la posibilidad de un delito, el protocolo exige el apartamiento del docente, ya que hay denuncias infundadas pero también muchas que sí tienen fundamento.