En un esfuerzo por mejorar las estrategias de búsqueda y localización de personas desaparecidas, fiscales provinciales y federales firmaron un acuerdo de cooperación.
El convenio, suscrito por Pedro García Castiella, representante del Ministerio Público Fiscal salteño, y Eduardo Villalba, en representación federal, busca optimizar la coordinación entre ambas jurisdicciones.
La unión de esfuerzos, recursos e información permitirá alcanzar mejores resultados en las investigaciones, evitando duplicidades o conflictos de competencia, declaró García Castiella.
El acuerdo establece la designación de fiscales coordinadores para cada jurisdicción, quienes serán responsables de articular acciones conjuntas con las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.
Pablo Alejandro Rivero y Aldo Rubén Saravia representarán a los fiscales provinciales, mientras que Roxana Verónica Angelina Gual asumirá el rol de coordinadora por parte de los fiscales federales.
Se establece la comunicación inmediata con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para implementar acciones conjuntas en casos concretos.
Este punto es crucial dado que el Ministerio Público Fiscal de la Nación forma parte del Comité Nacional Interinstitucional y la Coordinación Operativa Nacional del Programa de Alerta Sofía, mientras que PROTEX se encarga de gestionar las alertas ante desapariciones de niñas, niños o adolescentes.
Este acuerdo representa un avance significativo en la lucha contra las desapariciones, señaló Villalba.
La colaboración interjurisdiccional será fundamental para fortalecer los mecanismos de búsqueda y brindar respuestas a las familias afectadas.
García Castiella y Villalba se comprometieron a implementar una mesa de trabajo para mejorar los protocolos de actuación en casos de desaparición.
El objetivo es elaborar manuales prácticos dirigidos a fiscalías y fuerzas de seguridad, que definan estándares mínimos de actuación, recomienden estrategias de investigación, estandaricen modelos de requerimientos de colaboración con otras instituciones y establezcan guías prácticas sobre herramientas e instituciones relevantes para la búsqueda de personas desaparecidas.