La resolución 1025 del gobierno nacional, que prioriza las investigaciones en áreas como la agroindustria, la minería y la economía del conocimiento, ha generado preocupación e indignación en sectores académicos.
La norma permite la cancelación de proyectos que no se ajusten al Plan Estratégico 2024-2025 y otorga a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la facultad de rescindir convenios y exigir la devolución de fondos a proyectos con ejecución inferior al 30% de su presupuesto.
Para María Rosa Chachagua, doctora en Comunicación e investigadora de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), esta decisión representa un ataque directo a las ciencias sociales.
Esta resolución plantea eliminar las investigaciones en las ciencias sociales en general.Esta medida pone en riesgo la continuidad de proyectos fundamentales para el análisis y comprensión de nuestra realidad social, afirmó Chachagua.
La especialista destacó que el recorte de programas se suma a una serie de medidas que evidencian un avasallamiento sistemático sobre la educación pública, como la falta de presupuesto adecuado para las universidades, los bajos salarios de docentes y no docentes y la creciente precarización laboral en el ámbito educativo.
En la UNSA, la Facultad de Humanidades cuenta con más de 60 proyectos de investigación del Centro Interdisciplinario de Investigación de la Universidad Nacional de Salta (CIUNSA) en ejecución.
Tenemos 12 proyectos dirigidos por profesores, graduados y estudiantes; además de contar con becarios doctorales y posdoctorales de CONICET, de la Facultad, del Consejo Interuniversitario Nacional, entre otros, explicó Chachagua, quien es directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación.
Para Chachagua, es preocupante que en lugar de promover el fortalecimiento de la educación pública y la investigación científica, estas decisiones apunten a su debilitamiento, dejando de lado el papel fundamental que juegan tanto las universidades como los investigadores en el desarrollo del país.
La investigadora enfatizó que la investigación en ciencias sociales y comunicación es esencial para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática, y su desfinanciamiento es una pérdida irreparable para todos.