Un profundo sentir de <strong>hartazgo y abandono se apoderó de las víctimas de violencia familiar en Salta, quienes enfrentan un sistema judicial aparentemente sordo ante sus reclamos.
Casos como el de G., una mujer que luchó durante seis años por justicia contra su agresor ex esposo, revelan la gravedad del problema.
G. denunció reiteradamente violencia física, sexual y psicológica, así como el abuso contra sus dos hijas menores.
A pesar de las más de 40 denuncias presentadas en el Polo de la Mujer, la OVIF y ante el Poder Judicial, ninguna acción efectiva se tomó para protegerla.
Me decían que como tenía recibo de sueldo no me podían asistir, pero no podía ni pagar un abogado, lamentó G., quien hoy vive con sus hijos y perros en su vehículo estacionado en una plaza de la capital salteña.
La situación de G. ilustra el patrón preocupante de violencia institucional que sufren las víctimas en Salta.
La jueza Ada Zunino falló a favor del agresor, ordenando el desalojo de la vivienda familiar y dejando a la mujer y sus hijos sin hogar.
Vemos con mucho dolor que los agresores se están quedando en los hogares y que las excluidas son las mujeres, denunció Yanela Barrios, de Madres Protectoras de Salta, quien ha documentado un aumento preocupante de casos similares.
La reciente denuncia contra un padre que violó a sus tres hijos el pasado 31 de diciembre es otro ejemplo del fracaso del sistema judicial.
A pesar de las pruebas y la gravedad del caso, la jueza María Carolina Cáceres Moreno no dictó la exclusión del hogar, dejando al agresor en contacto con los menores.
La situación es aún más crítica en las zonas rurales, donde el acceso a servicios de asistencia es mínimo.
Para Teresita Frías, periodista feminista y miembro de la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta, el caso de G. representa una clara muestra de cómo el sistema judicial perpetúa la impunidad y el maltrato.
Esta mujer fue violentada nuevamente por el mismo aparato que debería protegerla, denunció Frías.
El caso de G. expone un panorama alarmante: la justicia no solo falla en proteger a las víctimas, sino que además las revictimiza.
La falta de recursos, la ineficacia de los organismos y la indiferencia ante la violencia contra las mujeres son factores que contribuyen a esta crisis.
La comunidad salteña exige una respuesta urgente del gobierno provincial para garantizar la protección efectiva de las víctimas de violencia familiar y poner fin a este ciclo de impunidad.