Los proveedores mineros de Salta enfrentan una crisis sin precedentes debido a la drástica caída del precio del litio, un elemento esencial para la fabricación de baterías.
La situación ha llevado a una reducción del 50% en la cantidad de servicios que estas empresas prestan a las compañías mineras que operan en la Puna norteña.
Esta realidad se refleja en el descenso abrupto de los precios internacionales del carbonato de litio, que alcanzó un pico de US$80.000 por tonelada en 2022 y actualmente ronda los US$10.000, según datos de la Cámara de Proveedores Mineros de Salta (Capemisa).
Tenemos empresarios que hicieron una fuerte inversión, a los que les está costando sostener sus fuentes de empleo, afirma Ricardo Dávalos, vicepresidente de Capemisa.
Esta situación ha generado preocupación entre los miembros de la cámara, quienes han solicitado al gobierno provincial medidas para proteger el sector.
Federico Russo, presidente de Capemisa, planteó ante el Ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, y la Secretaria de Minería Romina Sassarini, la necesidad de que las compras realizadas por las mineras se prioricen hacia empresas locales, en concordancia con lo establecido en la Ley de Promoción Minera de Salta Nº 8.164.
Es importante concientizar a los departamentos de compra de las mineras porque muchas veces los CEO gerentes están de acuerdo con nosotros, pero operativamente no se concretan algunas decisiones, agrega Dávalos.
El gobierno provincial ha reconocido la gravedad del problema y ha comprometido su apoyo al sector.
Somos una provincia que abraza las inversiones y las facilita, y también somos celosos custodios del cumplimiento de toda la legalidad que impone la actividad productiva, declaró el Ministro de los Ríos.
Las autoridades han anunciado la creación de una mesa de trabajo entre empresas mineras y proveedores para analizar las necesidades de servicios a corto, mediano y largo plazo, buscando así una mayor visibilidad de los proveedores en los procesos de compra y licitación.
Se está explorando la posibilidad de un convenio de colaboración entre ambos sectores y el gobierno provincial.
La Secretaria de Minería ha destacado que ante la caída en las contrataciones a empresas locales se intensificarán los controles para garantizar el cumplimiento de la Ley 8.164.
El compromiso del Gobierno es acompañar a los proveedores.Esto exige, por supuesto, una especial atención sobre las empresas mineras en el cumplimiento de esta normativa y además tener en consideración que esto hace directamente a la licencia social que las mineras van construyendo en Salta, manifestó Sassarini.
La situación actual representa un desafío para el sector minero de Salta, pero se espera que las acciones del gobierno provincial puedan contribuir a mitigar los impactos negativos y generar una recuperación sostenible.