La legislatura provincial de Salta aprobó con absoluta unanimidad la intervención del municipio de Aguas Blancas, tras el arresto del intendente Carlos Alfredo Martínez y la implicación de un juez y un abogado en un escándalo judicial.
La medida busca garantizar la estabilidad institucional del municipio mientras se profundiza la investigación.
El diputado por General Güemes, quien propuso la intervención, subrayó que la acción se justifica ante evidencias de un hecho indudable que quebraba esa autoridad y ese orden institucional que debe caracterizar a la máxima autoridad de una localidad.
Explicó que el arresto del intendente aceleró el proceso de aprobación de la medida.
La diputada Socorro Villamayor, al respaldar el proyecto, enfatizó la situación crítica que atraviesa Aguas Blancas y recordó que el Procurador de la provincia, Pedro García Castiella, había enviado un informe detallado sobre la situación jurídica del intendente y del municipio a la legislatura.
La legisladora resaltó las políticas provinciales contra el crimen organizado y la articulación con el gobierno nacional tras la visita de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Villamayor también destacó la gravedad institucional del hecho, considerando la facultad excepcional que se utilizaba para solicitar la intervención municipal.
La diputada Mónica Juárez expresó su preocupación por el riesgo institucional que representaba un intendente detenido y pidió investigar a la persona que lo postuló a cargo, aludiendo a posibles prácticas corruptas en el ámbito político local.
Solicitó que la investigación del Procurador se amplíe para abarcar a quienes auspician las carreras políticas.
La media sanción aprobada por la legislatura establece que el intendente cesará en su cargo inmediatamente y que el Poder Ejecutivo Provincial designará un Comisionado Interventor con todas las atribuciones legales.
La intervención se extenderá hasta la asunción del nuevo intendente municipal elegido en las elecciones provinciales de 2025.
La decisión de la legislatura refleja una postura firme frente a la corrupción y busca garantizar la continuidad administrativa del municipio de Aguas Blancas durante el proceso judicial en curso, mientras se espera una respuesta contundente al escándalo que sacude la localidad.