El cofundador de la aplicación de mensajería instantánea Telegram, Pável Dúrov, fue detenido en un aeropuerto francés a su llegada en un avión privado.
La justicia francesa sostiene que la plataforma, conocida por su fuerte enfoque en la privacidad y seguridad, ha sido utilizada para actividades ilegales como el tráfico de drogas, la pedofilia y el fraude, debido a la falta de moderación y cooperación con las autoridades.
Se espera que Dúrov se presente ante un juez de instrucción en las próximas horas, donde enfrenta cargos que incluyen terrorismo, tráfico de drogas, complicidad, fraude, lavado de dinero y distribución de contenido pedófilo, entre otros.
La detención ha generado una fuerte reacción tanto por parte de la comunidad tecnológica como de los gobiernos.
La Embajada de Rusia en París emitió un comunicado expresando su indignación ante la falta de cooperación de las autoridades francesas y exigiendo el acceso consular a Dúrov.
Pedimos inmediatamente a las autoridades francesas que explicaran las razones de esta detención y exigimos que se protegieran sus derechos y se concediera acceso consular, declararon.
La Ministra de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, añadió que Moscú había solicitado acceso consular a Dúrov, pero que Francia considera que su nacionalidad francesa es la principal, por lo que no están obligados a cooperar con las autoridades rusas.
Por su parte, Telegram emitió un comunicado negando cualquier responsabilidad en los delitos cometidos a través de su plataforma y defendiendo sus políticas de moderación como dentro de los estándares de la industria.
Es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables de los abusos, declaró la compañía.
Nuestro director ejecutivo no tiene nada que esconder y viaja frecuentemente a Europa.
La situación ha generado debate sobre el equilibrio entre la privacidad digital y la lucha contra el crimen.
Algunos expertos argumentan que plataformas como Telegram deben asumir más responsabilidad por el contenido compartido en sus servidores, mientras que otros defienden que restringir la privacidad online podría poner en riesgo las libertades individuales.
El caso de Dúrov es un claro ejemplo del complejo panorama legal que rodea a las grandes plataformas digitales y la necesidad de encontrar mecanismos efectivos para combatir el crimen online sin sacrificar los derechos fundamentales de los usuarios.