Australia aprueba una nueva ley que prohibirá a menores de 16 años el acceso directo a redes sociales como Facebook, Instagram, X (antes Twitter), TikTok y Snapchat.
Si bien el objetivo es proteger la salud mental de los jóvenes, la medida ha generado controversia e incertidumbre en la industria tecnológica y entre expertos.
Jonathon Hutchinson, catedrático de Medios y Comunicación de la Universidad de Sídney, advierte que esta ley podría tener consecuencias no deseadas: Los menores podrían verse empujados a explorar espacios más oscuros y poco regulados de Internet.
Para Hutchinson, la responsabilidad primordial recae sobre las plataformas digitales.Las plataformas, y no los jóvenes y sus cuidadores, son quienes deben rendir cuentas por el contenido que albergan, señala en un comunicado de su universidad.
La implementación precipitada de la ley, a juicio del experto, ha generado caos en la industria, enfado entre los usuarios y la necesidad de una profunda colaboración entre diversas partes interesadas.
Lisa Given, directora de la Plataforma de Impacto del Cambio Social de la Universidad RMIT, identifica varios puntos problemáticos en la normativa.
La ley presenta numerosos flecos por resolver, como definir qué medidas son razonables y a qué plataformas se aplica, explica Given en un artículo publicado en The Conversation.
La falta de claridad podría generar confusión y dificultades para su aplicación efectiva.
Given también destaca el reto logístico y tecnológico que supone verificar las edades de todos los usuarios, no solo de los menores de 16 años, como lo exige la ley.
Si bien plataformas como TikTok y Meta han expresado su acuerdo con el objetivo final de proteger a los jóvenes, ambas critican la velocidad con la que se aprobó la legislación.
En un comunicado, TikTok subraya la necesidad de una colaboración estrecha entre el gobierno y la industria para abordar las consecuencias no previstas del proyecto.
Queremos trabajar juntos para mantener a los adolescentes seguros, afirma un portavoz de la plataforma propiedad de ByteDance.
Meta, por su parte, respalda la intención de la ley pero critica la falta de análisis adecuado antes de su aprobación.
La empresa califica la normativa como precipitada y enfatiza que se debe centrar en analizar las reglas asociadas para garantizar una implementación técnica viable y justa para padres e adolescentes.
Meta insiste en la necesidad de aplicar las normas uniformemente a todas las redes sociales.
La ley australiana, con multas de hasta 32 millones de dólares para las plataformas incumplidoras, busca establecer un precedente global en la regulación del acceso a redes sociales para menores.
Su éxito dependerá de la capacidad de las plataformas para adaptarse a las nuevas exigencias y colaborar con los gobiernos para encontrar soluciones efectivas que protejan a los jóvenes sin restringir excesivamente su libertad de expresión y acceso a la información.