Las comisiones legislativas de Salta se encuentran analizando un proyecto de ley destinado a modificar el alcance jurídico de los fueros que amparan a legisladores, magistrados y miembros del poder ejecutivo.
La iniciativa busca garantizar una mayor igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que involucren a estas figuras, comparándolas con las de la ciudadanía en general.
El proyecto propone que la justicia pueda realizar todos los actos procesales necesarios hasta la culminación del proceso penal, excluyendo únicamente aquellos que impliquen la detención o prisión.
En caso de que se dicte alguna medida que afecte la libertad personal de un legislador, funcionario o magistrado, esta no se hará efectiva hasta que se obtenga el desafuero correspondiente.
Sebastián Aguirre Astigueta y Omar Carranza, constitucionalistas invitados a una reunión ampliada con las comisiones legislativas, respaldaron el espíritu de la iniciativa.
El proyecto apunta a bajar el nivel de desigualdad con la ciudadanía, dado que los fueros aparecen como privilegios de castas, afirmó Aguirre.
Aclaró que estos privilegios, que debieron ser redactados como inmunidades, son garantías que el sistema democrático ofrece al legislador para desempeñar su función, como la inmunidad de opinión o de arresto.
Estas no deben confundirse con cuestiones procesales, matizó.
El autor del proyecto, Esteban DAndrea, enfatizó que la iniciativa busca evitar confusiones en la aplicación de la ley por parte de la fiscalía y el juez de garantías.
No hay inmunidad para legisladores, jueces y miembros del Ejecutivo durante el proceso penal, aclaró, añadiendo que no se necesita solicitar el desafuero para seguir adelante con las investigaciones, ya que solo existe inmunidad de opinión y de arresto.
El debate sobre la modificación de los fueros en Salta refleja una discusión nacional sobre el equilibrio entre las garantías individuales y la necesidad de garantizar la justicia para todos por igual.
Se espera que el proyecto sea analizado con detenimiento y se llegue a un consenso que respalde la transparencia y la igualdad ante la ley.