La Cámara de Diputados de Salta se encuentra a punto de debatir una nueva prórroga a la emergencia sociosanitaria decretada en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia.
Esta medida, ya extendida en numerosas ocasiones desde su inicio en 2020, busca paliar las persistentes necesidades de acceso a agua potable, servicios de salud y alimentación de las comunidades originarias del norte provincial.
Para muchos habitantes y organizaciones sociales, la repetición de esta prórroga resulta un síntoma preocupante de la incapacidad del Estado para resolver las causas estructurales de la crisis.
La emergencia no se trata de una simple extensión temporal, sino de una señal que nos indica que las mismas problemáticas que motivaron su declaración aún persisten, afirma María Gómez, referente comunitario de Orán.
Para ella, la medida se convierte en un parche que oculta la realidad de comunidades que siguen padeciendo carencias básicas.
La emergencia sociosanitaria fue declarada inicialmente en 2020 por el gobierno de Gustavo Sáenz, como respuesta a la alarmante situación de desnutrición y falta de acceso a servicios básicos que afectaba a niños de comunidades originarias.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 140 formalizó la situación, posteriormente transformada en la Ley 8.185, con el objetivo de garantizar alimentos, atención médica y agua potable para estas comunidades.
A pesar de los esfuerzos desplegados, las necesidades insatisfechas persisten, como lo demuestran las denuncias sobre la falta de acceso al agua potable en gran parte del Chaco salteño.
La crisis por el acceso al agua potable sigue vigente, resalta Juan Pérez, director del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) de la Universidad Nacional de Salta.
Según Pérez, la falta de este recurso vital incrementa los riesgos de enfermedades gastrointestinales y deshidratación, especialmente en las comunidades indígenas.
La situación se agrava en el contexto del gobierno de Javier Milei, cuyas políticas de desvinculación estatal y sus críticas a la justicia social generan incertidumbre e indignación entre los sectores más vulnerables.
El discurso del gobierno actual parece ignorar la realidad que viven estos pueblos, lamenta Ana Fernández, directora de la Fundación Deuda Interna.
La prórroga de la emergencia, lejos de ser una solución definitiva, refleja una falta de compromiso con el bienestar social.
Para muchos expertos y organizaciones sociales, la situación en el norte de Salta se debe a una deuda histórica del Estado con las comunidades originarias.
La emergencia sociosanitaria, aunque ha permitido cierta atención pública, no ha logrado garantizar los derechos básicos de estos pueblos.