La Derogación del Decreto Proteccionista: ¿Un Golpe para los Pueblos Indígenas?
El gobierno del presidente Javier Milei ha generado controversia al derogar un decreto fundamental que protegía los territorios indígenas, abriendo la puerta a posibles desalojos.
El Decreto 10832024, firmado por Milei y su gabinete ministerial, pone fin a la emergencia en tierras indígenas establecida en 2006 con el objetivo de agilizar las acciones de recuperación de esos espacios.
Esta medida ha sido criticada por organizaciones defensoras de los derechos indígenas quienes argumentan que la derogación del decreto vulnera las garantías territoriales y culturales de los pueblos originarios.
La decisión del gobierno es un retroceso histórico que pone en riesgo la integridad territorial de nuestros pueblos, declaró una portavoz de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI).
El decreto argumenta que la emergencia, vigente durante 18 años, ha generado un impedimento para el ejercicio de actividades productivas y recreativas en las tierras involucradas.
Se señala que la Ley Nº 26.160, que estableció la emergencia, ha sido objeto de abusos subjetivos por parte de comunidades indígenas, fragmentando los territorios y debilitando su objetivo original.
Críticos del gobierno señalan que el decreto ignora las graves problemáticas históricas de violación de derechos territoriales sufridas por los pueblos indígenas.
La decisión del gobierno es una muestra clara de la falta de voluntad política para abordar de manera efectiva las demandas ancestrales de justicia territorial, manifestó un abogado especializado en temas indígenas.
El conflicto se intensifica en zonas donde comunidades indígenas han reclamado tierras, como el Parque Nacional Los Alerces en Chubut, donde grupos mapuches llevan años luchando judicialmente por mantener su presencia en territorios que consideran propios.
Este tipo de situaciones pone de manifiesto las complejidades inherentes a la lucha por los derechos territoriales y la necesidad de un enfoque integral que garantice la participación efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que afectan sus vidas y sus tierras ancestrales.