El Congreso de los Diputados ha aprobado, por una ajustada mayoría, la derogación del impuesto temporal sobre las grandes energéticas, golpeando duramente el plan gubernamental de recaudación fiscal y generando incertidumbre en el sector energético español.
La votación, impulsada por la iniciativa del Partido Popular y respaldada por Junts per Catalunya y el PNV, ha culminado con 183 votos a favor frente a 166 en contra.
Este triunfo para el PP supone un giro significativo en la política energética española, que había apostado por este gravamen como una medida para financiar políticas sociales y mitigar la crisis del coste de la energía.
La decisión se produce tras intensas presiones ejercitadas por empresas energéticas como Repsol, que habían amenazado con suspender inversiones en España debido a la falta de estabilidad regulatoria y fiscal.
Tarragona, clave en el panorama energético español, se erigió como punto central de esta batalla, ya que Repsol tenía en marcha proyectos de gran envergadura, como un electrolizador para producción de hidrógeno verde y una planta de metanol circular, ambas pendiendo de la resolución del impuesto.
La incertidumbre generada por este impuesto había frenado nuestra capacidad de inversión en el país, declaró un portavoz de Repsol a nuestro diario, esta decisión nos permite avanzar con nuestros proyectos y contribuir al desarrollo económico de España.
Esta medida supone la pérdida para las arcas públicas de los 1.164 millones de euros recaudados este año por el impuesto a empresas como Iberdrola, Naturgy, Endesa y Moeve.
El Gobierno, que había alcanzado un acuerdo con ERC, EH Bildu y BNG para prorrogar el gravamen, se ha visto frustrado en su intento de mantener esta fuente de ingresos.
El impacto emocional es significativo, señala un experto en economía energética, la derogación del impuesto envía un mensaje de debilidad frente a las grandes empresas energéticas y genera una sensación de incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para implementar políticas ambiciosas en el sector.
La decisión del Congreso abre un debate crucial sobre el futuro energético de España.La izquierda política busca alternativas para compensar la pérdida de ingresos, pero la complejidad del panorama energético nacional y la presión por parte del sector privado dificultan encontrar soluciones a corto plazo.
El camino hacia una transición energética sostenible se torna aún más complejo tras esta resolución parlamentaria.