El fiscal penal Daniel Alejandro Escalante ha decidido reabrir la investigación sobre la actuación administrativa provincial en relación a la empresa Eco Desarrollo Salta S.A. y la concesión de terrenos en Salta Forestal.
Esta decisión se fundamenta en la aparición de nuevos elementos que sugieren posibles irregularidades en el proceso de concesión, la legalidad de los acuerdos y el cumplimiento de las condiciones contractuales.
La causa se centra en la concesión de 230 mil hectáreas en Salta Forestal a Eco Desarrollo Salta S.A., un acuerdo que incluía beneficios como el diferimiento del pago de impuestos.
Los hechos están vinculados a decisiones administrativas tomadas durante la década de 1990, coincidiendo con el proceso de privatización de Salta Forestal.
La Fiscalía Penal de Delitos Económicos Complejos había archivado la causa en 2019, una decisión ratificada en 2020.
La investigación inicial se basaba en un acuerdo transaccional entre la Fiscalía de Estado y la empresa como base para cerrar el caso.
El fiscal Escalante argumenta que los datos recientes difundidos por medios de comunicación aportan elementos que justifican una ampliación de la investigación, incluyendo aspectos relacionados con el cumplimiento de las condiciones contractuales y la posible implicación de nuevos actores.
El análisis inicial fue parcial y limitado a un período específico, dejando de lado aspectos fundamentales como la génesis de la concesión y sus efectos a largo plazo, señala Escalante.
Esta reapertura se alinea con la búsqueda de justicia y transparencia.
Con esta nueva investigación, se busca esclarecer los hechos, revisar la legalidad de los acuerdos y determinar si hubo incumplimientos o irregularidades que puedan afectar el patrimonio estatal.
Se investigará el papel de los titulares de Eco Desarrollo Salta S.A. y posibles nuevos actores involucrados.
Este caso podría tener implicancias significativas para la provincia de Salta, tanto en términos legales como en la gestión de recursos públicos.
El fiscal Escalante destaca que la reapertura no responde a una decisión caprichosa, sino a un análisis profundo de aspectos relevantes y adyacentes al proceso de concesión cuestionada.
La intención es abordar la cuestión con un enfoque más exhaustivo que permita determinar responsabilidades.