En medio del intenso debate sobre las reformas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, la administración pública ha experimentado un drástico recorte en su personal, con más de 33.000 puestos eliminados desde el inicio del mandato.
Esta medida, que busca reducir el gasto estatal como parte de una estrategia para disminuir la carga tributaria, ha generado controversia y preocupación entre los sectores gremiales y la población en general.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha sido el encargado de dar a conocer estos números, destacando que la reducción de personal es fundamental para alcanzar un equilibrio fiscal sostenible.
La única manera sustentable de bajar la carga de impuestos es bajando el gasto público, afirmó Sturzenegger en sus redes sociales, donde también divulgó los detalles sobre la distribución de los despidos.
Según las cifras oficiales, 20.026 puestos se eliminaron en la administración centralizada y descentralizada, mientras que 2.251 corresponden al personal militar y de las fuerzas de seguridad, y 11.014 a empresas del Estado.
Los meses de enero y abril fueron los más críticos en términos de despidos, con un recorte de 7.607 y 7.000 puestos, respectivamente.
Es importante destacar que estos números incluyen ceses de contratos, retiros voluntarios y jubilaciones, aunque no se especifica la proporción exacta de cada categoría.
El presidente Milei había anunciado inicialmente una meta de reducir en 70.000 el número de empleados públicos, objetivo que aún parece distante según los datos actualizados.
La motosierra estatal ha afectado a diversas áreas del gobierno, con la desaparición de organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE).
Se han realizado recortes en dependencias claves como el Conicet, el INCAA, la Coneau, el INCUCAI, el ENACOM, la ANMAT y el INTA.
En este contexto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha dejado de operar, siendo reemplazada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que generará una reducción de más de 3.000 cargos jerárquicos.
Las consecuencias de estas medidas se sienten con mayor intensidad en las comunidades afectadas por el cierre de instituciones y la pérdida de empleos, generando incertidumbre sobre el futuro del sector público y sus posibles repercusiones a largo plazo.