La situación en el sector aeroportuario argentino se ha vuelto insostenible, con un clima marcado por tensiones entre los sindicatos, la empresa estatal Aerolíneas Argentinas y el gobierno.

Los paros sorpresivos convocados por distintos gremios aeronáuticos han generado caos para miles de pasajeros, paralizando operaciones y provocando pérdidas económicas significativas.

La estrategia intransigente de algunos sectores sindicales ha sido criticada por expertos como una forma de extorsión hacia la empresa pública.

Pablo Biró, ex secretario del sindicato de pilotos, fue removido del directorio de Aerolíneas Argentinas tras impulsar trece paros este año, en momentos estratégicos para afectar al máximo a la compañía y a los usuarios.

La sistemática alteración forzada de los vuelos no solo erosiona la seguridad que debe brindar la empresa, sino que también provoca enormes pérdidas económicas tanto para Aerolíneas Argentinas como para el país, afirma un analista del sector aeroportuario, quien prefiere mantener su anonimato.

Las medidas escalonadas implementadas por los once gremios aeroportuarios han multiplicado el impacto de las protestas, dejando a miles de pasajeros varados en aeropuertos y aviones durante horas.

Un caso reciente involucró al gremio del personal de Intercargo, que obligó a más de 1.500 personas a permanecer dentro de los aviones por la negativa de proporcionar servicios esenciales como rampas y escaleras.

Este incidente desencadenó una respuesta contundente del gobierno: el despido de quince empleados rebeldes, una denuncia penal contra los responsables de la extorsión y la decisión de vender Intercargo.

La situación ha llegado a un punto crítico donde es necesario tomar medidas drásticas para proteger los intereses de los pasajeros y garantizar el funcionamiento del sistema aéreo, señala un vocero gubernamental.

El conflicto se enmarca dentro de un debate más amplio sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas, con fuertes posturas divergentes entre quienes defienden su reestatización y aquellos que abogan por su privatización.

La empresa estatal ha recibido cerca de 8.000 millones de dólares desde su reestatización en 2009, pero su funcionamiento deficitario es una preocupación constante.

Aerolíneas Argentinas presenta un alto grado de ineficiencia, con una relación desproporcionada entre pilotos y aviones en comparación con otras aerolíneas, explica un experto en análisis económico.

La posibilidad de privatizar la compañía mediante una licitación o la venta de acciones se está considerando como una posible solución.

El gobierno advierte que la declaración del procedimiento de crisis y el eventual cierre de Aerolíneas Argentinas son escenarios a considerar si no se encuentra una salida viable al conflicto.

El futuro del sector aeroportuario argentino depende en gran medida de la capacidad de las partes involucradas para llegar a un acuerdo que garantice un servicio eficiente, seguro y sostenible, evitando consecuencias devastadoras para el país.