El Gobierno nacional implementó un cambio radical en los procedimientos administrativos: el silencio positivo.
A partir del 1 de noviembre, ciertas autorizaciones administrativas serán aprobadas automáticamente si la administración estatal no se pronuncia dentro de un plazo establecido.
Esta medida, considerada por el Ejecutivo como un hito en la simplificación administrativa, busca reducir la burocracia y evitar que ciudadanos o empresas sean objeto de prácticas corruptas.
Este cambio representa un giro copernicano en la forma en que el Estado procesa las solicitudes, afirmó una fuente del Ejecutivo a El Cronista.
El silencio positivo aplica únicamente a autorizaciones administrativas regladas, es decir, trámites que abordan derechos ya adquiridos, como la necesidad de un banco para cerrar una sucursal y obtener la autorización correspondiente del Banco Central.
En estos casos, si el plazo administrativo para la resolución no se cumple, la solicitud se considera aprobada automáticamente.
Las solicitudes que no cumplan con los requisitos necesarios no podrán pasar por este proceso simplificado.
La nueva normativa busca despejar dudas sobre la aplicación del silencio positivo: No se trata de permisos, aclaró un funcionario.
Un permiso implica que el Estado decide si una actividad que está prohibida puede llevarse a cabo. En cambio, con el silencio positivo solo se trata de autorizaciones para realizar actividades que están permitidas.
El decreto que reglamenta esta medida incluye más de 500 trámites administrativos que entran en vigor inmediatamente, y se estima que se sumen otras 700 en los próximos meses.
Se trata de un primer paso en la desburocratización del Estado, con el objetivo final de eliminar trámites innecesarios.
Con este análisis, nos dimos cuenta de que varios son completamente inútiles, dijo a El Cronista un técnico involucrado en el proceso de selección de los trámites que entran al régimen de silencio positivo.
Esta evaluación podría dar lugar a una Ley Hojarasca II, con la eliminación definitiva de ciertos trámites superfluos.