El fiscal federal Ramiro González solicitó que el expresidente Alberto Fernández sea indagado en la causa abierta por presunta violencia de género denunciada por su ex pareja, Fabiola Yañez.
La imputación se basa en dos lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja, una lesión grave por debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama también agravada y el delito de coacciones para que Yañez no denunciara los hechos ante el juez federal Ercolini.
Según el dictamen del Ministerio Público, el análisis de la prueba reunida en el caso permite acreditar que Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra Yañez desde el inicio de su relación.
Se detectó violencia psicológica, física y económica, enmarcadas en las definiciones de la Ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer.
Efectivamente, en un contexto de violencia de género signada por la particular relación asimétrica de poder con el agresor, por lo menos desde el año 2016 hasta que se formalizó la denuncia, Alberto Fernández ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad, señala el Ministerio Público.
El fiscal González también apuntó a la presunta violencia física, que se manifestó principalmente a través de golpes a mano abierta, recurriendo hasta el final del mandato presidencial e incluso después de que Yañez se mudara al chalet de huéspedes de Olivos.
Mientras Fabiola Yáñez residía en Madrid condicionada económicamente por su agresor, en medio de anuncios de suicidio, recuerdos de las necesidades de su hijo Francisco, pedidos de ocultar las agresiones físicas para que no fueran noticia y consejos de hablar lo menos posible bajo promesa de que nada iba a faltarle a la familia, la víctima fue coaccionada para que no denunciara el hecho frente al juez de la causa y, de ese modo, se afectó el trámite de un expediente federal producto de las amenazas del ex Presidente, afirmó González.
El magistrado deberá ahora decidir si acepta o rechaza la citación a indagatoria del expresidente.
El caso ha generado gran repercusión en Argentina debido a la relevancia pública del imputado y a la gravedad de los cargos.