La incertidumbre jurídica se cierne sobre los acusados por su participación en el asalto al Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021.
Tras la victoria electoral de Donald Trump, quienes protagonizaron este violento intento de obstaculizar la certificación del triunfo de Joe Biden, buscan retrasar sus procesos judiciales con la esperanza de ser beneficiarios de una posible amnistía presidencial.
A pesar de los intentos, la justicia estadounidense ha rechazado solicitudes para posponer al menos tres casos.
Estamos dispuestos a presentar más mociones para pausar otros juicios y sentencias ya programados, declaró un abogado que representa a algunos acusados, anticipando una estrategia legal basada en las promesas de Trump de indultar a todos los involucrados en el asalto.
El futuro de estos procesos judiciales se encuentra en suspenso, mientras Trump planea asumir la presidencia el 20 de enero.
Considero que el perdón presidencial es una opción para todos los condenados por el asalto al Capitolio, declaró el entonces candidato presidencial durante su campaña electoral.
Esta afirmación generó un debate acalorado y alimentó las esperanzas de quienes participaron en la turba que irrumpió en el edificio legislativo, dejando cinco muertos y centenares de agentes heridos.
Hasta ahora, más de 1.500 personas han sido acusadas por su participación en el asalto, siendo la mayoría condenados por cargos menores y una menor cantidad por delitos violentos.
Cerca de 650 individuos han recibido sentencias de prisión, incluyendo Enrique Tarrio, líder de los Proud Boys, quien fue condenado a 22 años de cárcel por sedición.
Las solicitudes para retrasar los juicios se basan en la promesa de Trump, que aún no ha especificado el alcance y contenido de su eventual clemencia.
Las promesas de Trump han creado una situación jurídica compleja, señaló un experto legal al comentar sobre la incertidumbre que rodea a los casos pendientes.
La decisión final sobre el futuro de estos procesamientos judicialmente dependerá de Trump y su posible uso del poder de gracia presidencial.
La justicia estadounidense, por su parte, deberá encontrar un equilibrio entre el debido proceso y la promesa incumplida de clemencia.