La Corte Suprema de Justicia determinó que no se ha dado un agravio concreto y actual para Sebastián Guerra, condenado a prisión perpetua por el asesinato de una policía federal en 2012, para evaluar la constitucionalidad de dicha pena.
El tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por la fiscalía, que cuestionaba la validez del fallo de la Cámara Nacional de Casación que declaró inconstitucional el artículo 14 del Código Penal, el cual impide la libertad condicional para ciertos delitos.
El caso generó un debate sobre la constitucionalidad de la prisión perpetua en Argentina, con diferentes perspectivas sobre su aplicación y las garantías de los derechos humanos.
Los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti emitieron el fallo, mientras que Ricardo Lorenzetti no se adhirió a la decisión.
La defensa de Guerra había argumentado que la imposibilidad de acceder a la libertad condicional vulneraba principios de resocialización y derechos humanos.
La Corte Suprema estableció que, al momento, Guerra no cumplía con los requisitos para solicitar la libertad condicional, por lo que la cuestión de la constitucionalidad de la pena perpetua en su caso no era viable.
La decisión de la Corte Suprema deja abierta la pregunta sobre cuándo se evaluará realmente la constitucionalidad de la prisión perpetua en Argentina y qué garantías deben ofrecerse a los condenados en este tipo de penas.
Es fundamental que la ley sea clara en cuanto a las penas aplicables y sus condiciones de revisión, señaló un especialista en derecho penal, quien añadió que los condenados deben conocer desde el inicio de su pena los requisitos para su reinserción social.
El caso de Guerra ha generado conmoción pública y debate sobre la justicia penal argentina.Muchos consideran que la prisión perpetua sin posibilidad de revisión es una pena excesiva e inhumana, mientras que otros defienden su aplicación en casos de crímenes especialmente graves.
La Corte Suprema deberá confrontar esta compleja cuestión en el futuro, buscando un equilibrio entre la seguridad social y el respeto por los derechos humanos.