El gobierno de Javier Milei presentó una propuesta legislativa que busca revolucionar el sistema electoral argentino.
El proyecto, denominado Reforma para el fortalecimiento electoral, plantea la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y un cambio radical en la forma en que los partidos políticos se financian.
Según el gobierno, la principal razón detrás de la propuesta es reducir el gasto público y otorgar mayor libertad a los partidos para elegir sus candidatos.
Las PASO no han logrado acercar a la política a la sociedad, sino que han ampliado la brecha entre las demandas sociales y la agenda política, argumenta el proyecto.
Se señala que las primarias han generado un desgaste en la participación ciudadana, llevando a una disminución de la asistencia electoral desde su implementación en 2009.
El proyecto sostiene que las PASO representan un costo desproporcionado para el Estado en un contexto de búsqueda del equilibrio fiscal y que no cumplen con su propósito original, que era democratizar la selección de candidatos.
Se propone que los partidos políticos puedan celebrar elecciones internas si así lo desean, devolviendo a estos la libertad de elegir sus candidatos sin interferencia estatal.
En cuanto al financiamiento, el proyecto busca reducir la participación del Estado en este ámbito y promover la transparencia.
Se elimina el aporte público para campañas electorales y se incrementa el monto de financiamiento por parte de particulares.
El sistema actual de financiamiento mixto, con preponderancia de los aportes públicos, no ha cumplido con los objetivos de transparencia y equidad, sostiene el proyecto, que considera que el aporte estatal ha generado una dinámica de despilfarro del erario público sobre la cual se han montado una serie de negocios espurios.
La propuesta genera debate al plantear un aumento significativo en los límites para los aportes privados a los partidos políticos.
Se argumenta que esta medida busca eliminar restricciones que se consideran inadecuadas para un sistema de financiamiento republicano.
También surgen preocupaciones sobre la transparencia y el potencial impacto de influencias indebidas en la política.
El proyecto de ley establece mecanismos de control más rigurosos para garantizar la transparencia de los aportes privados, prohibiendo a los partidos recibir fondos de personas procesadas por delitos como lavado de activos, narcotráfico o financiación del terrorismo.
Se propone una plataforma pública donde se registrarán todos los aportes privados recibidos por los partidos y se mantiene la obligatoriedad de la bancarización de estos.
Finalmente, se establece que los partidos políticos deberán abrir cuentas bancarias en instituciones controladas por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para mayor control y transparencia.
El proyecto busca generar un sistema electoral más eficiente y transparente, pero sus propuestas generan controversia y serán objeto de debate en el Congreso.