Carolina del Sur se prepara para reanudar su práctica de la pena capital tras una pausa de 13 años, con Richard Moore, un hombre condenado a muerte por asesinato en 1999, en el centro de la atención.
Moore se enfrenta a una decisión aterradora: elegir cómo será ejecutado.Le han sido ofrecidas tres opciones: fusilamiento, silla eléctrica o inyección letal.
Si no opta por ninguna de ellas dentro de esta semana, será electrocutado el 1 de noviembre.
Este caso ha generado un intenso debate sobre la ética y la justicia de la pena capital en Estados Unidos.
Es inhumano obligar a alguien a elegir su propio método de ejecución, declaró un portavoz de la organización anti-pena capital, The Death Penalty Information Center.
Esta situación es una crueldad adicional a la que ya se enfrenta Moore.
Moore es el único hombre condenado a muerte en Carolina del Sur que fue juzgado por un jurado compuesto únicamente por blancos.
Un hecho significativo en un estado con una profunda historia de racismo y desigualdad racial.Su caso ha resurgido durante una época en que el tema de la justicia racial está en el centro del debate nacional, exacerbando las críticas sobre la aplicación discriminatoria de la pena capital.
Carolina del Sur fue uno de los estados con mayor número de ejecuciones hasta que enfrentó problemas para obtener los medicamentos necesarios para las inyecciones letales debido a la resistencia de las empresas farmacéuticas.
En julio, la Corte Suprema estatal aprobó una ley que permite mantener en secreto a los proveedores de estos fármacos.
Esta medida ha allanado el camino para la reinicio de las ejecuciones en el estado.
La decisión de Moore tendrá un impacto profundo en el debate sobre la pena capital en Carolina del Sur y más allá.
Su caso representa una vez más las complejidades morales y éticas que acompañan a esta práctica controvertida, desafiando a la sociedad a cuestionar su legitimidad y justicia.