En un contexto donde la inseguridad se percibe como una amenaza latente, el debate sobre la legítima defensa en Argentina cobra cada vez más relevancia.

El juez Jorge Villada, en una reciente entrevista con el programa Somos la Mañana, analizó esta problemática desatando un intenso debate sobre los límites legales que enmarcan este derecho fundamental.

Villada, al abordar la situación judicial actual, describió un sistema desbordado, incapaz de dar abasto a la creciente demanda de justicia.

En este escenario, muchos ciudadanos se encuentran en una encrucijada, cuestionándose hasta qué punto pueden defenderse ante situaciones delictivas.

La justicia no da abasto, pero eso no significa que los ciudadanos puedan tomar la ley en sus propias manos, afirmó Villada.

Si bien el Código Penal argentino reconoce el derecho a la legítima defensa cuando se intercepta a un delincuente in fraganti, el juez enfatizó la necesidad de actuar dentro del marco legal establecido.

Según Villada, la retención del presunto ladrón hasta la llegada de las autoridades es una acción permitida, pero no justifica actos que excedan el mínimo necesario para garantizar la seguridad personal.

No deben sobrepasarse ni hacerle daño, recalcó.La justicia por mano propia está terminantemente prohibida y cualquier participación en linchamientos puede resultar en investigaciones penales.

En cuanto a la defensa del hogar, el juez explicó que el Código Penal amplía los alcances de la legítima defensa durante las horas nocturnas dentro del domicilio.

Reiteró que cualquier acto de defensa debe ser proporcional a la amenaza y estar sujeto al estricto cumplimiento de la ley.

La justicia la hace la justicia, no los ciudadanos, declaró Villada con contundencia.
Las declaraciones de Villada generan un debate crucial sobre la delgada línea que separa la legítima defensa de la autojusticia.

El aumento de la inseguridad ciudadana exige respuestas efectivas, pero también una reflexión profunda sobre la responsabilidad individual y el rol del estado en la protección de los ciudadanos.