La violencia descontrolada azotó nuevamente a la provincia de Guayas, específicamente al municipio de Durán, donde siete personas fueron asesinadas en un ataque armado la noche del sábado.
Este trágico evento se suma a otro brutal acontecimiento ocurrido solo días antes, el miércoles pasado, cuando cinco individuos perdieron la vida aparentemente como represalia por el asesinato de otras cuatro personas el martes.
El sector de El Arbolito fue escenario del último atentado, donde los cuerpos sin vida fueron abandonados en las calles empedradas.
Videos que circulan en redes sociales muestran a ciudadanos tratando de auxiliar a las víctimas mientras esperaban la llegada de las autoridades para iniciar la investigación y recolectar pruebas.
Los vehículos de Medicina Legal trasladaron los cadáveres hasta el laboratorio de Ciencias Forenses ubicado en Guayaquil, capital de la provincia de Guayas.
La Policía Nacional sospecha que estos ataques armados están relacionados con una disputa entre dos bandas criminales: Latin King y Chone Killer.
Estos grupos delictivos están disputando territorio y poder dentro del municipio de Durán, declaró un portavoz policial, quien pidió mantener el anonimato por seguridad.
Durán se encuentra bajo estado de excepción desde la semana pasada, medida implementada por el presidente Daniel Noboa como respuesta a los altos índices de violencia que azotan al país.
El Guayas es una de las seis provincias en donde se decreta esta situación excepcional para combatir la inseguridad.
Las acciones parecen no ser suficientes.
Ecuador se ha convertido en el primer país de Latinoamérica con mayor tasa de homicidios per cápita, llegando a 47,2 por cada 100,000 habitantes en 2023.
Esta cifra representa un aumento preocupante del ocho veces respecto al año 2016 y se atribuye en gran medida al auge de la violencia de los grupos criminales dedicados principalmente al narcotráfico pero que también incursionan en la extracción ilegal de minerales.
El presidente Noboa ha elevado la lucha contra el crimen organizado a la categoría de conflicto armado interno, calificando a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
Del estado de excepción, se implementaron medidas como la militarización de las cárceles para intentar controlar la situación.
La escalada de violencia continúa generando miedo e incertidumbre en la población ecuatoriana.