El silencio sepulcral envuelve a Américo de Grazia Veltri, exdiputado venezolano, quien desapareció el pasado 7 de agosto tras una cita médica.
Su hijo, Américo De Grazia, relata con angustia que su último contacto con su padre fue un mensaje por cumpleaños en el que le enviaba una premonición: la autobiografía de Nelson Mandela.
Desde entonces, solo han existido preguntas sin respuestas.
Después de un exhaustivo rastreo por Caracas, la familia descubrió que Veltri se encontraba detenido en El Helicoide, la emblemática sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), considerada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y diversas ONG como uno de los principales centros de tortura en Venezuela.
Nadie lo ha visto, no ha recibido visitas, no sabemos en qué condiciones está, lamenta De Grazia Jr., quien asegura que la defensa pública asignada a su padre se encuentra inoperante.
El silencio del régimen sobre el caso, que ya suma más de 70 días, alimenta aún más la preocupación y angustia de la familia.
El caso de Veltri no es un aislado. Según Foro Penal, ONG especializada en derechos humanos, hay 1953 presos políticos en Venezuela, incluyendo a 69 adolescentes, algunos con discapacidades.
El panorama se agrava aún más tras las elecciones del 28 de julio, donde la cifra de detenciones ha escalado a 1824.
La ONU ha emitido un comunicado contundente, calificando la situación de Venezuela como una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente, acusando al régimen de Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad en el marco de los comicios electorales.
El Helicoide se presenta como un símbolo de este terror institucionalizado.María Oropeza, coordinadora del partido de María Corina Machado en el estado Portuguesa, fue detenida sin orden judicial y recluida en El Helicoide.
Su hermano, Adrián Quiñones, describe la experiencia como aterradora, relatando que su hermana grabó un directo en Instagram antes de ser llevada al centro de detención.
Rocío San Miguel, activista venezolana, y Alejandro González, coronel retirado de la Fuerza Aérea, también se encuentran detenidos en El Helicoide y en otras cárceles donde las ONG reportan torturas.
Sus familiares denuncian la falta de acceso a sus seres queridos y la ausencia de una defensa eficaz por parte del sistema judicial.
El capitán Antonio Sequea y su cuñado Fernando Noya, encarcelados desde mayo de 2020 tras participar en la operación Gedeón, son otros ejemplos del sufrimiento sistemático que enfrentan los presos políticos en Venezuela.
Verónica Noya, esposa de Sequea y hermana de Noya, denuncia las condiciones deplorables en las que se encuentran sus familiares: están siendo víctimas de torturas, de tratos crueles e inhumanos.
La comunidad internacional se ha manifestado con preocupación ante la escalada de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Las Naciones Unidas han publicado dos informes alarmantes sobre el tema, documentando casos de tortura, amenazas y muertes por ejercer la libertad de expresión.