El gobierno nacional, liderado por Javier Milei, implementó un aumento salarial del 6,8% para docentes y no docentes universitarios mediante decreto, a pesar de la falta de consenso con los gremios que representan al sector.
La medida, anunciada luego de una reunión entre el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y representantes sindicales, generó controversia e indignación en las filas del magisterio universitario.
Si bien el gobierno argumentó que esta medida equipararía los salarios universitarios con los del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y activaría la Garantía Salarial Docente para las categorías más bajas, los gremios rechazaron categóricamente el aumento, argumentando que no se trata de una solución efectiva al problema.
Exigimos converger los salarios con la inflación para no seguir perdiendo poder adquisitivo, afirmó un representante sindical en declaraciones a la prensa.
Tenemos el salario en dólares más bajo de América Latina y el salario en pesos más bajo desde el retorno de la democracia.
Los gremios universitarios se manifestaron profundamente molestos por la decisión unilateral del gobierno, que consideran una muestra de desdén hacia las necesidades de los trabajadores.
La medida llega tras un significativo movimiento social contra el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, lo que evidenciaría la creciente presión sobre el gobierno para atender las demandas del sector educativo.
Los gremios convocaron a los diputados nacionales a rechazar el veto con los dos tercios necesarios en una sesión prevista para el miércoles próximo.
Volvemos a instar a los diputados y diputadas de la nación a que respeten el pedido del pueblo argentino, que ya se expresó en la Marcha Federal Universitaria del pasado miércoles, recalcó un dirigente sindical, quien enfatizó la importancia de defender la autonomía universitaria y la calidad de la educación pública.
La tensión entre el gobierno y los gremios universitarios amenaza con desestabilizar aún más un sector crucial para el desarrollo del país, generando incertidumbre sobre el futuro de la educación superior argentina.