El enfrentamiento entre el gobierno nacional, liderado por Javier Milei, y los gobernadores provinciales continúa intensificándose.
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se unió al reclamo generalizado al solicitar la devolución a las provincias de más de 450 mil millones de pesos que permanecen sin distribuir en el Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Este conflicto surge después del discurso del presidente Milei durante la presentación del Presupuesto 2025, donde planteó que para alcanzar su meta de reducir el PIB en 25 puntos, los gobernadores debían implementar recortes presupuestarios por un monto de US$60.000 millones.
Si bien desde Economía se aclaró que esta cifra era un horizonte y no una obligación, las declaraciones generaron malestar entre los jefes subnacionales.
Las tensiones se profundizaron con la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de cerrar sucursales del Banco Nación en La Pampa como respuesta al aumento impuesto por el gobernador Ziliotto a la tasa de Ingresos Brutos.
Consideramos que es la mejor manera de solidarizarnos con la gente de la provincia, que padece estos abusos, afirmó Caputo a través de su cuenta de X.
desde el gobierno pampeano se desafió al Ejecutivo Nacional.
Si pagan el 10% de lo que adeudan a La Pampa retrotraerán el gravamen sobre los créditos, señaló Ziliotto en un comunicado.
En este sentido, el gobernador recordó que los aportes del tesoro nacional son recursos que tienen por único destinatario a las provincias y su finalidad: atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros.
Darles otro destino es malversar fondos públicos, reclamó Ziliotto al gobierno nacional, exigiendo la devolución de los fondos para financiar programas alimentarios en beneficio de sectores vulnerables.
Plata hay y es de las provincias argentinas.El gobierno nacional en 2024 acumula en el Fondo de los ATN, más de 450 mil millones sin distribuir, publicó el gobernador a través de su cuenta de X.
Este conflicto fiscal evidencia la creciente tensión entre el gobierno nacional y los gobernadores, quienes reclaman mayor autonomía financiera y una distribución equitativa de los recursos públicos.
Las consecuencias para la población son significativas, especialmente en aquellas provincias que se ven afectadas por la falta de financiamiento para programas sociales esenciales.