El gobierno nacional ha anunciado su intención de habilitar a las universidades públicas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes, una medida que ha generado controversia y rechazo en el ámbito académico.
Desde fuentes oficiales se ha informado que esta posibilidad será reglamentada por el Ministerio de Educación, liderado por Federico Sturzenegger, a través del capítulo de educación de la Ley de Bases.
Expertos y autoridades universitarias señalan que esta iniciativa carece de fundamentos y tendrá un impacto mínimo en los presupuestos universitarios.
Nicolás Innamorato, vicerrector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), recalcó que el número de estudiantes extranjeros no residentes en su institución es insignificante: 130 alumnos frente a un total de 40.000.
Arancelarlos nos generaría menos de 25 millones de pesos, una cifra irrisoria comparada con nuestro presupuesto mensual de 3.800 millones, explicó Innamorato, quien además resaltó la función social que cumple la UNSa, extendiéndose a través de 48 centros de extensión distribuidos en todo el territorio provincial.
Daniel Hoyos, rector de la UNSa, cuestionó la pertinencia de esta medida, argumentando que las mejores universidades del mundo atraen a estudiantes extranjeros justamente por su prestigio.
Hoyos añadió que Argentina ahora quiere ir en contra de una tendencia mundial de apertura, evidenciando un desconocimiento de la realidad global por parte del gobierno.
El rector también planteó dudas sobre los mecanismos legales para aplicar el arancelamiento, ya que las universidades poseen autonomía delegada por la Constitución Nacional.
Vamos a ver si se anima a modificar la Constitución Nacional mediante un decreto, concluyó con ironía.
Las universidades contra las mentiras
En este contexto, las universidades públicas se han visto obligadas a desmentir una serie de afirmaciones falsas que circulan sobre su funcionamiento y presupuesto.
A través del lanzamiento de campañas informativas, las instituciones académicas buscan aclarar la realidad y combatir la posverdad que amenaza el acceso a la educación superior.
Se han difundido en redes sociales las 5 mentiras sobre las universidades públicas:
1.Inventan estudiantes para cobrar más fondos: El presupuesto universitario no se asigna por cantidad de estudiantes, sino según un cálculo complejo que incluye salarios docentes y nodocentes, gastos de funcionamiento e inversión en ciencia y tecnología.
2.Los pobres no están en las universidades: El 48.5% de los estudiantes inscritos en materias para el año 2024 se encuentran por debajo de la línea de pobreza según datos del INDEC. La mayoría proviene de familias donde ningún miembro ha accedido a la educación superior.
3.No se audita lo que gastan: Los gastos universitarios son públicos y sometidos a auditorías internas y externas, incluyendo evaluaciones de gestión propias y externas de la CONEAU.
4.
Los salarios en las universidades están por encima del sector público en general: Los trabajadores universitarisas han sufrido una pérdida de poder adquisitivo mayor que cualquier otro asalariado desde diciembre de 2023, incluso más que los empleados públicos del Estado Nacional.
5.La Ley de Financiamiento Universitario atenta contra el equilibrio fiscal: La ley representa apenas el 0.14% del PIB, una cifra insignificante en comparación con otros gastos del gobierno.
Las universidades públicas se posicionan como actores esenciales en la formación de profesionales y en la generación de conocimiento.
Frente a las amenazas presupuestarias y la desinformación, buscan defender su autonomía y garantizar el acceso a la educación superior para todos.