El nepotismo en el sistema judicial argentino continúa siendo una preocupación latente, afectando la credibilidad e integridad del servicio de justicia.

Un informe reciente elaborado por Connectas y Chequeado, basado en datos oficiales del Consejo de la Magistratura de la Nación y la Corte Suprema, reveló que al menos 46 de los 114 magistrados federales de 14 provincias cuentan con familiares trabajando en sus juzgados o en otras dependencias judiciales.

Este fenómeno se ha detectado en diversas jurisdicciones, incluyendo Córdoba, Salta, Jujuy y Mendoza, entre otras, donde se han encontrado 89 familiares de jueces desempeñándose en diversos cargos dentro del sistema judicial, algunos en posiciones claves como secretarios.

Alberto Binder, doctor en derecho y cofundador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales Inecip, califica este fenómeno como una práctica ilegal bajo la normativa vigente, aunque no siempre constituya un delito formal.

Considera que desde el punto de vista ético es profundamente reprochable.
La persistencia de esta práctica se debe en gran medida a los elevados salarios que se pagan en el Poder Judicial, lo que convierte a los cargos en un botín burocrático muy codiciado, explica Binder.

Esta situación genera una dinámica de designaciones cruzadas entre jueces, perpetuando el ciclo del nepotismo.

Juan José Nardi, sociólogo especializado en estudios judiciales, argumenta que estas prácticas no solo generan conflictos internos dentro del sistema judicial, sino que también afectan negativamente el desarrollo de las carreras judiciales al desdibujar la meritocracia y fomentar desigualdades.

Nardi introduce el concepto de familias de sangre y políticas para describir cómo los lazos de parentesco y los padrinazgos alimentan estas designaciones, afectando la imparcialidad e eficiencia del Poder Judicial.

El incumplimiento de la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario, sancionada hace más de una década con el objetivo de erradicar las designaciones por favoritismo a través de concursos públicos transparentes, se ha convertido en una crítica recurrente al funcionamiento del Poder Judicial argentino.

Sebastián Aguirre Astigueta, abogado salteño, enfatiza que la falta de cumplimiento de esta ley pone en duda la idoneidad de muchos funcionarios judiciales y genera una crisis de legitimidad en el sistema judicial, minando la confianza de la ciudadanía.

Es hora de que los Colegios de Abogados, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil exijan el cumplimiento de la ley, sostiene Astigueta.

Se requiere una reforma profunda en el Poder Judicial que promueva concursos públicos rigurosos, transparentes y accesibles para todos los ciudadanos, asegurando que los cargos sean ocupados por los más aptos, no por quienes tienen conexiones familiares o políticas.

La Corte Suprema intentó abordar este tema a través de la Acordada 1824, emitida en mayo de 2024, donde el juez Ricardo Lorenzetti llamó la atención sobre la designación de personal sin concurso, basado en la amistad o parentesco.

Aún no se ha reglamentado la mencionada ley de ingreso democrático, perpetuando un vacío normativo que ha permitido la continuidad de estas prácticas.

El nepotismo judicial continúa siendo una problemática compleja con graves consecuencias para la justicia argentina.

Se requiere un compromiso firme por parte del Poder Judicial y la sociedad civil para garantizar la transparencia, la igualdad de oportunidades y la imparcialidad en el acceso a la función judicial.