Un allanamiento domiciliario ejecutado en la noche contra Fernanda Miño, referente social del Fondo de Integración Sociourbana (FISU) y figura clave del movimiento social en Villa La Cava (San Isidro), ha desatado una ola de críticas y consternación.
El procedimiento, realizado por efectivos policiales sin identificar, fue calificado como ilegal y propio de la dictadura por Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
La intervención policial se produjo cuando Miño regresaba a su domicilio tras participar en la presentación de un documental protagonizado por Ofelia Fernández.
Según el relato de testigos que Grabois difundió, la entrada fue violenta, con agentes encapuchados portando armas largas que ingresaron al inmueble sin presentar identificación.
Los policías entraron violentamente por atrás, tomaron del pelo a una de las menores que residía en la casa, detalló Grabois, quien además denunció que Miño no pudo comunicarse con su abogado durante el operativo.
La falta de claridad sobre la causa del allanamiento también fue cuestionada por Grabois, quien acusó al gobierno de Javier Milei de ser responsable de la acción: No se indica la causa.
Hacemos responsable al gobierno de este accionar propio de la dictadura.
En un video publicado en redes sociales desde afuera de la vivienda de Miño, Grabois expresó su indignación: A Fernando Miño nunca le pudieron encontrar nada, entonces ahora le inventaron que ella…se robó una moto.
Por eso es el allanamiento, se piensan que somos boludos, afirmó, cuestionando la gravedad de la acusación en relación al procedimiento policial implementado.
La situación generó un impacto emocional profundo en los residentes del barrio, quienes expresaron su temor y preocupación por la violencia desatada durante el operativo.
Grabois cerró su mensaje con un contundente llamado a la justicia: Esto no queda así.No nos chupamos el dedo.
Nunca jamás hicieron esto para agarrar un narco de los que matan pibes en este barrio.
Este incidente ha generado una fuerte polémica y pone en evidencia las tensiones existentes entre el gobierno actual y las organizaciones sociales, generando incertidumbre sobre la aplicación del estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales.