La justicia venezolana ha ordenado la detención de Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial opositor que compitió contra Nicolás Maduro en las recientes elecciones, las cuales fueron ampliamente criticadas por fraude.
La Fiscalía venezolana solicitó a un tribunal especializado en delitos de terrorismo una orden de aprehensión contra González Urrutia por presuntos delitos de usurpación de funciones y falsedad documental relacionados con las actas electorales del 28 de julio.
La solicitud se produjo después de que la Fiscalía citara a González Urrutia en tres ocasiones, pero el opositor decidió no comparecer alegando desconocimiento sobre su condición legal y negándose a reconocer los cargos imputados por el Ministerio Público (MP).
De usurpación y falsedad, al antichavista también se le acusa de instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación ilícita.
La investigación contra González Urrutia surge tras la publicación en internet de una página web por parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, donde se aseguraban haber cargado el 83,5% de las actas electorales recogidas por testigos y miembros de mesa la noche del sufragio.
La PUD utilizó estas actas para sustentar sus denuncias sobre fraude en las presidenciales.
El Ejecutivo venezolano considera estas actas falsas, mientras que numerosos países han expresado dudas sobre el resultado oficial proclamándose ganador a Maduro, y algunos incluso respaldan la victoria de González Urrutia por un amplio margen.
El jueves pasado, cuando se hizo pública la tercera citación, la Fiscalía advirtió que, en caso de no presentarse nuevamente, sería emitida una orden de aprehensión debido al supuesto riesgo de fuga.
Por su parte, González Urrutia ha acusado al fiscal general, Tarek William Saab, de actuar como un acusador político al precalificar los delitos sin garantías de independencia y debido proceso.
El opositor denunció que el MP busca someterlo a una entrevista sin definir la condición en la que se espera su comparecencia.
Este acontecimiento refleja la profunda polarización política que vive Venezuela y las persistentes preocupaciones sobre la independencia judicial y la vulnerabilidad de los derechos civiles.