La justicia estadounidense ha concedido un nuevo impulso a la demanda interpuesta contra Argentina por la expropiación de YPF, accediendo a la solicitud de entrega de datos personales de altos funcionarios del país.

La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, aprobó el pedido realizado por el fondo Burford Capital, quien busca información para avanzar con embargos en el marco del proceso legal conocido como discovery.

La tesis central de los demandantes es que entidades como el Banco Central, YPF, el Banco Nación y ENARSA funcionan como Alter Ego de la República Argentina, lo que significa que podrían ser consideradas responsables por las acciones del gobierno.

En una audiencia celebrada recientemente, la jueza inicialmente autorizó la entrega de información personal del ministro de Economía, Luis Caputo, su asesor Santiago Caputo, y el exministro Sergio Massa.

Ante el requerimiento de los abogados argentinos, se reservó su decisión para un nuevo intercambio de argumentos por escrito.

Fuentes cercanas a la causa anticipan que en las próximas semanas la jueza podría finalmente conceder acceso a dicha información.

Inicialmente, la defensa argentina había aceptado entregar correos electrónicos laborales de 18 funcionarios y exfuncionarios argentinos.

Posteriormente, los demandantes solicitaron añadir a la lista otras 12 personas vinculadas a la gestión gubernamental, incluyendo sus datos personales como correos electrónicos privados e incluso mensajes de WhatsApp.

La jueza Preska aprobó esta ampliación de la solicitud.
de Caputo, Santiago Caputo y Massa, la jueza ha autorizado el acceso a información adicional de dos exfuncionarios: José Ignacio de Mendiguren, exsecretario de Industria, y Gabriel Rubinstein, exviceministro de Economía y número dos de Massa durante su gestión.

La transcripción literal de la audiencia revela que los abogados de Burford Capital solicitaron específicamente información sobre Luis Caputo, Santiago Caputo, Sergio Massa y Guillermo Michel, quien hasta diciembre último era titular de la Aduana y uno de los funcionarios más cercanos a Massa.

Por otro lado, la jueza rechazó el pedido para acceder a información del exsecretario de Legales de Economía, Ricardo Casal, Rita Tanuz, quien ocupó un cargo similar en el gobierno anterior, y Mariela Beliansky, subsecretaria de Planeamiento Energético en la actualidad.

La decisión sobre los pedidos relacionados con Eduardo Wado De Pedro, Matías Tombolini y Julio Vitobello quedó pendiente.

El abogado Sebastián Maril, representante de Research For Traders, ha añadido otro elemento al caso, señalando que el decreto presidencial argentino publicado el mismo día que la orden judicial de Preska, referente al acceso a la información pública, podría ser interpretado como una obstrucción por parte del gobierno argentino al proceso de descubrimiento de los beneficiarios del fallo YPF.