La Corte de Justicia de Salta autorizó el allanamiento del domicilio del juez de Garantías 2 de Orán, Claudio Parisi.
La medida, solicitada por la Unidad Fiscal que investiga presuntos delitos relacionados con la obstrucción a la justicia, se da en el marco de un escándalo político que sacude al norte provincial.
El allanamiento se suma a otro hecho significativo: la autorización previa para el secuestro de la computadora del juez.
La Fiscalía sospecha que Parisi facilitó información confidencial sobre una investigación a un abogado, Roberto Ortega Serrano, quien, según la acusación, accedió ilegalmente a un expediente relacionado con el intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez.
Según fuentes judiciales, se cree que Parisi comunicó al intendente, mediante mensajes de WhatsApp, la intención de la Fiscalía de allanar sus domicilios.
Esta acción, supuestamente premeditada, habría impedido a los fiscales avanzar en la investigación y obtener pruebas relevantes.
El acceso indebido a información judicial y la comunicación privilegiada entre el magistrado y el intendente constituyen graves violaciones a las normas procesales, declaró un portavoz de la Fiscalía, quien prefirió mantener su anonimato por razones protocolarías.
Estas acciones no solo afectan la integridad del sistema judicial, sino que también generan una grave crisis de confianza en las instituciones.
El procurador general de Salta, Pedro García Castiella, envió una misiva al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente de la Cámara de Senadores provinciales informando sobre la situación.
Este caso no solo afecta a los imputados, sino que pone en entredicho la imagen de la justicia, afirmó García Castiella.
Es necesario tomar medidas para garantizar la transparencia y la imparcialidad del sistema judicial.
El escándalo ha generado una fuerte repercusión mediática y social.La comunidad se muestra indignada ante la presunta corrupción e impunidad, demandando una investigación rápida y exhaustiva.
El futuro político de Parisi, Martínez y Ortega queda en el aire mientras las autoridades judiciales continúan con su labor investigativa.