La familia del joven salteño Alexis Miranda, quien padece osteogénesis imperfecta grado 3 (síndrome de huesos de cristal), enfrenta un nuevo capítulo en su batalla legal por acceder a las prestaciones que le son reconocidas por ley.
A pesar de una sentencia judicial que ordena la provisión de una silla de ruedas manual y la reparación de una autopropulsada, Alexis sigue sin recibir el apoyo necesario para su movilidad y calidad de vida.
La situación se repite tras un largo proceso legal iniciado en 2015 cuando, con apenas nueve años, sus padres tuvieron que recurrir a la justicia para obtener las prestaciones correspondientes.
En esa ocasión, una sentencia judicial obligó al Programa Federal de Salud (PROFE) a cumplir con los derechos de Alexis, según lo establecido por la ley 24.901 de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
Los padres de Alexis relataron que la exhortación judicial no fue suficiente para garantizar el acceso oportuno a las prestaciones y se vieron nuevamente obligados a iniciar un nuevo amparo en octubre del año pasado.
La reciente sentencia del juez Benjamín Pérez Ruiz, quien preside el juzgado civil de Cuarta Nominación, ordena nuevamente la provisión de las sillas de ruedas solicitadas por Alexis, pero hasta el momento no se ha cumplido con lo establecido.
Es una situación angustiante para nosotros, expresó el padre de Alexis al diario.Alexis no puede asistir a clases porque su silla está dañada, y la nueva que necesita aún no llega.
Nos vemos obligados a luchar constantemente por sus derechos básicos. La falta de acceso a las sillas de ruedas ha impactado profundamente no solo en la educación de Alexis, sino también en su salud mental y física.
El juez Pérez Ruiz, ante el incumplimiento reiterado de la sentencia, ha emitido nuevas intimaciones con apercibimiento de aplicar multas y denuncia penal por desobediencia judicial.
La familia espera respuestas urgentes para poder asegurar el bienestar de Alexis y garantizar que sus derechos sean respetados.
La osteogénesis imperfecta es una enfermedad compleja que afecta a miles de personas en nuestro país.
Es fundamental que el Estado cumpla con su compromiso de brindar atención médica adecuada y apoyo integral a los pacientes, como lo establece la ley.