El proyecto de ley que busca regular el cobro de deudas por prestaciones médicas entre obras sociales y hospitales públicos avanzó un paso más en su aprobación al recibir media sanción en la Cámara de Diputados provincial.
El dictamen, presentado por el Ejecutivo provincial, fue aprobado por unanimidad y ahora pasará al Senado para su consideración final.
Esta iniciativa surge ante una situación crítica: según denunció el ministro de Salud, Federico Mangione, las obras sociales adeudan a la provincia más de 3 mil millones de pesos por prestaciones y atenciones brindadas en hospitales públicos a sus afiliados.
Esta deuda se traduce en un obstáculo para la adecuada operación de los centros públicos de salud, que al ser prestadores obligados del Sistema de Seguridad Social, deben garantizar la cobertura universal de prestaciones a toda la población, sin importar su estado socioeconómico o la tenencia de obras sociales.
La situación ha generado tensiones significativas, tanto por la falta de recursos como por el impacto en la atención médica brindada a los pacientes.
Germán Rallé, diputado provincial, ilustró la gravedad del problema al señalar que el hospital de General Güemes, por ejemplo, se encontraba con una deuda de 100 millones de pesos proveniente de obras sociales, lo cual le impedía adquirir insumos necesarios para su funcionamiento.
Este proyecto busca agilizar los procesos de cobro y asegurar el recupero de las deudas pendientes, garantizando así la sostenibilidad financiera de los hospitales públicos y la calidad de atención que brindan a la población, explicó Socorro Villamayor, diputada provincial, quien destacó el consenso alcanzado en torno al dictamen.
Patricia Hucena, otra diputada del cuerpo legislativo, hizo hincapié en la creciente demanda de servicios hospitalarios debido a la crisis económica actual, señalando que cada vez más personas con cobertura prepaga terminan recurriendo a los hospitales públicos por imposibilidad de acceder a atención privada.
El proyecto aprobado busca, en definitiva, lograr un equilibrio financiero en el sistema sanitario provincial, asegurando que las obras sociales cumplan con su compromiso de financiar las prestaciones médicas brindadas a sus afiliados en los hospitales públicos.