El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha declarado al presidente Nicolás Maduro como ganador de las recientes elecciones presidenciales, a pesar de la falta de publicación pública de las actas electorales que sustenten estos resultados.
Esta decisión, anticipada por muchos debido a la composición política del TSJ, ha generado una fuerte reacción por parte de la oposición venezolana y la comunidad internacional.
La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, anunció la sentencia afirmando que los magistrados, tras analizar los instrumentos electorales presentados, habían certificado de manera irrestricta e inequívoca los resultados electorales.
La resolución también confirmó un presunto ataque cibernético al Consejo Nacional Electoral (CNE) ocurrido durante la jornada de votación.
Esta decisión ha sido ampliamente cuestionada por observadores locales e internacionales que denuncian la falta de transparencia y la posible manipulación del proceso electoral.
Diversos gobiernos, incluyendo aquellos con una postura crítica hacia el régimen de Maduro, así como organizaciones como el Centro Carter, han expresado su preocupación ante la evidente parcialidad del TSJ.
La oposición venezolana, liderada por figuras como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, se ha negado a reconocer los resultados oficiales y ha denunciado públicamente la falta de legitimidad del proceso electoral.
Al no presentarse ante el TSJ, argumentando su parcialidad, la oposición insiste en la necesidad de ejercer presión internacional para exigir un proceso electoral transparente y democrático.
Esta decisión del TSJ profundiza la crisis política y democrática que atraviesa Venezuela, declaró Machado en una rueda de prensa.
La comunidad internacional debe tomar medidas contundentes para defender la voluntad popular y garantizar el respeto al derecho a la libre elección.
El anuncio del TSJ se ha traducido en un incremento de las tensiones sociales en el país, con protestas y manifestaciones en varias ciudades.
La situación política venezolana sigue siendo volátil e incierta, con consecuencias imprevisibles para el futuro del país.