El gobierno nacional, liderado por Javier Milei, prepara una drástica medida que afectará al sistema de salud privado: la eliminación de más de 60 empresas de medicina prepaga.

Esta decisión se tomó tras detectar irregularidades en el funcionamiento de estas entidades y se basa en la resolución publicada recientemente en el Boletín Oficial.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ha confirmado que las compañías a ser eliminadas no han presentado los datos obligatorios, como padrones de usuarios, planes de coberturas y cuadros tarifarios.

El objetivo es lograr un mercado más transparente y ordenado, donde las empresas registradas compitan entre sí y brinden prestaciones de calidad, explicaron fuentes gubernamentales a TN. Entre las compañías afectadas se encuentran Prepasa S.A, Grupo Proyectar SRL y Emergencias Médicas Fueguinas S.A., entre otras.

La SSS planea evaluar la continuidad de otras 70 empresas que se encuentran en una situación similar.

Esta medida genera preocupación en el sector privado, que advierte sobre el posible impacto negativo para los usuarios.

La eliminación arbitraria de prepagas podría generar caos en el sistema y dejar a miles de personas sin cobertura médica, señalan desde la Asociación Argentina de Medicina Prepaga (AAMP).

Paralelamente, la SSS también ha intervenido cuatro obras sociales que recibían subsidios del Estado para investigar si cuentan con la información necesaria para operar correctamente.

Estas son: Peones Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPREA), la del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF), la del Personal Ladrillero (OSPL) y la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPLM).

La intervención en el sector de la salud privada se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y las empresas del sector.

Recientemente, la Cámara Federal de Paraná declaró inconstitucional la desregulación propuesta por el decreto presidencial que buscaba liberar al mercado privado de las normas de control.

Este fallo judicial obliga a la SSS a retomar su rol de fiscalización sobre los costos y los aumentos de las prepagas, lo que genera incertidumbre en un mercado ya afectado por la crisis económica.

El titular de la SSS, Gabriel Oriolo, aseguró que esta decisión solo afecta al caso puntual del jubilado que demandó la revisión de los aumentos, pero la situación refleja las profundas tensiones existentes en el debate sobre la salud privada en Argentina.