En un movimiento que busca desburocratizar y promover la iniciativa privada, el gobierno argentino ha derogado tres normas que obligaban a las empresas a reportar información detallada al Estado.
La Secretaría de Industria y Comercio, a través de la Resolución 2262024, eliminó disposiciones que afectaban a diversos sectores económicos, liberando a cientos de empresas de obligaciones considerables.
Entre las normas derogadas se encuentra la Resolución 65 del 11 de mayo de 1990, que demandaba a las empresas información detallada sobre su producción, ventas y existencias para el mercado interno y externo, así como los datos de sus cinco clientes principales.
También fue eliminada la Resolución 62 del 26 de junio de 2013, que regulaba el registro de proveedores de materiales para la construcción que participaban en un programa de blanqueo de capitales relacionado con la Ley 26.860.
Finalmente, se derogó la Resolución 176 de 2014, que obligaba a las compañías de telecomunicaciones móviles a informar mensualmente sobre todos los planes ofrecidos.
Casi con perversidad, el Estado argentino exigía a empresas a mandar planillas y planillas de información inútil de la que hoy cientos de empresas quedan liberadas, afirmó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, destacando el impacto positivo de esta decisión para el sector empresarial.
Sturzenegger añadió que esta acción se enmarca dentro del proceso de desburocratización iniciado con el DNU 7023, que derogó la Ley de Abastecimiento y Góndolas, y la Resolución 5124, que ya había eliminado cientos de regímenes informativos innecesarios.
Esta medida ha sido recibida con entusiasmo por diversos sectores empresariales.Esta derogación representa un avance significativo en la reducción de la carga administrativa que enfrentamos las empresas, señaló Luis Caputo, economista independiente y ex ministro de Economía.
La Secretaría de Comercio se ha posicionado como una fuerza promotora de la libertad económica, según Sturzenegger.
La eliminación de estas normas marca una clara tendencia hacia un Estado con menor intervención en el mercado, confiando en que las empresas puedan operar con mayor autonomía y eficiencia.