En un esfuerzo por elevar los estándares del servicio público, el gobierno provincial firmó convenios con la Escuela de la Magistratura para seleccionar personal altamente cualificado, especialmente en el Ministerio de Economía.
El programa de formación inicial, que comprende más de 190 horas de clases y tres exámenes, capacita a alrededor de 100 abogados anualmente.
Este convenio representa un gran beneficio para la sociedad, afirmó Fabián Vittar, vicepresidente de la Corte de Justicia y director académico de la Escuela de la Magistratura.
Formamos profesionales preparados para asumir las responsabilidades del Poder Judicial y para desempeñarse en pasantías dentro del Ministerio de Economía.
Roberto Dib Ashur, titular del Ministerio de Economía, resaltó la importancia de este enfoque profesionalizante: Entendemos que el ingreso al Estado debe basarse en méritos y capacidades.
Esta iniciativa nos permitirá contar con profesionales altamente capacitados para llevar adelante las funciones esenciales de nuestro departamento.
Las áreas que se verán beneficiadas por esta iniciativa incluyen la Dirección General de Rentas, la Dirección de Recursos Energéticos y Mineros e Ingresos Públicos, entre otras, donde se han producido jubilaciones recientemente.
Capacitación para personal penitenciario
El Servicio Penitenciario de Salta también ha implementado programas de formación continua para su personal.
Recientemente, se llevaron a cabo jornadas de capacitación sobre documentología en las Unidades Carcelarias de Capital, Orán y Tartagal.
La Dirección Nacional de Migraciones, a cargo del experto Roberto Eduardo Romero, dictó estas capacitaciones con el objetivo de brindar herramientas al personal penitenciario que trabaja en áreas de Atención al Ciudadano.
Los temas abordados incluyeron procedimientos y controles migratorios, detección de documentos de identidad adulterados, entre otros.
Estas acciones reflejan el compromiso del gobierno provincial con la capacitación y profesionalización de su personal, tanto en las áreas administrativas como en las penitenciarias, buscando así un servicio público más eficiente y efectivo.