Un Tribunal Oral Federal de Salta condenó a cuatro años de prisión efectiva a Yaquelín Padilla Barrientos, ciudadana boliviana, quien fue detenida en abril pasado con casi dos kilos de cocaína durante un viaje en autobús desde Orán hacia Tucumán.
La condena se dio luego de un acuerdo entre la fiscalía y la defensa sobre la responsabilidad de la acusada, centrándose el debate en la pena a imponer.
La fiscal subrogante, Paula Gallo, solicitó una pena efectiva de cuatro años, argumentando la alta pureza de la droga (estimada entre 85 y 89%) y su capacidad para producir 17.478 dosis.
Gallo enfatizó el daño a la salud pública que representa la sustancia y señaló la frecuencia delictiva de la acusada, quien había realizado dos viajes similares con anterioridad.
En relación al pedido de expulsión anticipada presentado por la defensa y la Asesoría de Menores e Incapaces, la fiscal explicó que este beneficio no se podía aplicar debido a que no se cumplen los requisitos establecidos en la Ley N25871 de Migraciones.
El Tribunal Oral Federal coincidió con la posición de la fiscalía, imponiendo la pena de cuatro años de prisión efectiva y rechazando la expulsión anticipada.
El juez Marcelo Juárez Almaraz argumentó que la gravedad del delito, la ausencia de afectación al interés superior del niño respecto a sus hijos y la imposibilidad de aplicar el beneficio de la deportación se convierten en factores determinantes.
La sentencia establece que para acceder a la expulsión anticipada se requiere que la persona haya ingresado al período de prueba, es decir, después de haber cumplido la mitad de la condena.
El juez reconoció que en otros casos se han hecho excepciones a esta norma, pero destacó que las circunstancias del presente caso son diferentes.
Este fallo establece un precedente importante en relación a la aplicación de la ley migratoria en casos de condenados por narcotráfico.