El caso judicial que involucra al juez de Garantías Claudio Parisi, el intendente de Aguas Blancas Carlos Martínez y el abogado Roberto Ortega Serrano ha generado un fuerte impacto en la provincia de Salta.
La investigación, que lleva más de dos años en desarrollo, busca desentrañar una posible red de corrupción judicial con similitudes al caso del exjuez federal Raúl Reynoso, condenado por favorecer a narcotraficantes a cambio de sobornos.
El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, ha declarado que se está investigando una situación bastante parecida a la del exjuez Reynoso.
Según su testimonio en una entrevista radial, el presunto esquema implicaba coimas a cambio de favores judiciales, similar a las prácticas denunciadas contra Reynoso.
Castiella explicó que la presunta red judicial liderada por Parisi operaba mediante un sistema de tarifas para conceder beneficios procesales, como prisiones domiciliarias.
Este modus operandi, según el procurador, beneficiaba tanto a los involucrados en el esquema como a organizaciones criminales.
En particular, se ha mencionado el caso de José Dimas Ruiz, quien fue detectado como entregador de la firma Abra del Sol y copartícipe de un robo millonario.
Según investigaciones, Ruiz habría recibido una prisión domiciliaria a cambio de 15 mil dólares pagados al juez Parisi.
Las denuncias por este caso provienen de la hermana de Ruiz y su abogada.
La intervención reciente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el caso ha añadido un nuevo nivel de tensión política.
Bullrich solicitó abordar políticamente la situación en Aguas Blancas, reconociendo la gravedad del problema y la necesidad de una respuesta contundente ante el avance del crimen organizado en la región.
El caso Parisi representa un desafío para las instituciones judiciales y políticas de Salta.La presunta corrupción judicial pone en riesgo la imparcialidad del sistema y genera una profunda desconfianza en la población.
Las implicaciones del escándalo se extienden más allá de Aguas Blancas, impactando directamente en la imagen y el funcionamiento del estado de derecho en la provincia.