En un hecho sin precedentes, autoridades provinciales desvelaron el descubrimiento de un plan criminal organizado para atacar al procurador general de Salta, Pedro García Castiella, y a la institución judicial.
La noticia ha conmocionado a la sociedad salteña, quienes ven en este episodio una escalada del crimen organizado que amenaza la tranquilidad y seguridad que caracterizaban a la provincia.
Es un cambio en la tranquilidad con la que uno desarrolla su actividad cotidiana, declaró García Castiella durante una conferencia de prensa donde dio a conocer los detalles del caso.
El procurador calificó el hecho como un desafío no solo hacia mi persona, sino hacia la provincia y el Ministerio Público Fiscal.
García Castiella enfatizó que esta acción representa un ataque directo al estado de derecho y una clara muestra del afán por socavar las instituciones que garantizan la justicia.
Aseguró que no vamos a retroceder un ápice en nuestra lucha contra el crimen organizado.
Sus palabras fueron respaldadas por el gobernador Gustavo Sáenz, quien también condenó el atentado y reiteró su compromiso con la seguridad de los ciudadanos salteños.
El procurador anunció que se intensificarán las investigaciones para desmantelar esta red criminal y perseguir a todos los responsables.
García Castiella adelantó que se buscará implementar medidas más drásticas para combatir el lavado de activos, un motor fundamental del narcotráfico.
Hay que pegarle al crimen organizado donde más le duele: en la rentabilidad, afirmó, sin rentabilidad no hay narcotráfico.
El plan de García Castiella incluye la exigencia de una ficha limpia respecto a delitos de narcotráfico y lavado de activos para acceder a cargos públicos.
Se busca aplicar esta medida como accesoria a la pena por al menos el doble del tiempo de la condena.
Este caso ha generado un profundo impacto emocional en la sociedad salteña, quienes se preguntan si este es el inicio de una nueva era de inseguridad.
La respuesta depende del compromiso de todas las fuerzas del estado para fortalecer la justicia y garantizar la seguridad ciudadana.