El Procurador General de Salta, Pedro Oscar García Castiella, solicitó un juicio político contra el juez Claudio Alejandro Parisi, quien ocupa el cargo de Juez de Garantías Nº 2 en Orán.
La acusación se basa en una supuesta serie de irregularidades y presuntos incumplimientos de sus funciones.
Entre los hechos que motivan la denuncia se destacan decisiones consideradas arbitrarias por parte del juez Parisi en diversos casos judiciales relacionados con narcotráfico, corrupción, cohecho y otros delitos graves.
La Fiscalía argumenta que el magistrado habría otorgado beneficios injustificados a personas imputadas por crímenes graves, como prisiones domiciliarias sin los controles adecuados.
García Castiella destaca la gravedad de presuntas negociaciones entre el juez y delincuentes, afirmando que no debe existir corrupción más deleznable y execrable para los intereses generales de la sociedad que aquella que pretende lucrar y obtener repugnante rentabilidad negociando con el crimen.
El Procurador enfatiza que este tipo de prácticas no solo afectan la seguridad ciudadana, sino que también perjudican la labor del Ministerio Público y las fuerzas de seguridad.
Se acusa al juez Parisi de haber favorecido a criminales a cambio de sobornos y de haber obstaculizado investigaciones judiciales.
Para sustentar la acusación, se han presentado casos específicos como el del caso Pereyra, en el que una mujer condenada por narcotráfico, mientras cumplía pena domiciliaria, volvió a ser imputada por un nuevo delito.
Parisi habría concedido nuevamente la prisión domiciliaria sin vigilancia policial ni control electrónico.
En otro caso, el caso Leniz, el juez inicialmente otorgó prisión domiciliaria a la imputada, pero luego revocó la medida tras un informe del Servicio Penitenciario que señalaba nuevas imputaciones contra Leniz.
El caso Chaile también se menciona como ejemplo de presuntas irregularidades, donde Parisi dispuso arresto domiciliario para un acusado de homicidio culposo quien había huido de la escena del crimen.
Se menciona el caso del asesinato de César Oreja Martínez, hermano del Intendente Carlos Alfredo Conejo Martínez.
El juez habría concedido prisión domiciliaria a un sospechoso acusado por tentativa de femicidio y con dos resoluciones de prisión preventiva en su contra.
El Procurador también denuncia que Parisi obstaculizó la investigación sobre el asesinato de Martínez al negar peticiones de allanamientos y secuestro de pruebas.
Este caso ha generado una fuerte controversia en Salta y pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el Poder Judicial para garantizar la justicia y la seguridad ciudadana.