El Tribunal Oral Federal N1 de Salta dictó condenas a prisión para cuatro individuos implicados en un secuestro extorsivo agravado por el número de intervinientes.

Carlos Gustavo Lozano Tolaba y Daniel Cáceres Llanos recibieron sentencias de 13 años, mientras que Cristian Adán Martínez y Emanuel Yamil Arjona fueron condenados a 11 años.

Los jueces Federico Santiago Díaz, Marta Liliana Snopek y Marcelo Juárez Almaraz emitieron el fallo tras un juicio en el que se demostró la participación activa de los imputados en el secuestro y tortura del hombre identificado como Héctor Ismael Herrera.

La fiscalía, representada por Ricardo Toranzos y Carolina Aráoz Vallejo, había solicitado penas más severas, 14 años para Lozano Tolaba y Llanos, y 10 años para Martínez y Arjona.

Las defensas alegaron la mínima pena prevista en el código penal, de 10 años.La querella también solicitó penas mayores, llegando a 15 años para los dos primeros imputados y 13 para los demás.

El secuestro tuvo lugar el 3 de agosto de 2023, cuando Herrera fue arrebatado de su hogar en el barrio Policial mientras compartía un asado con amigos.

Los atacantes se presentaron como policías, a pesar de no llevar uniforme, y lo llevaron a una vivienda en el barrio Santa Rita II, donde fue golpeado, torturado y manaclado.

Se le exigía a su familia que entregara una suma de dinero o una entrega de drogas que supuestamente Herrera debía a los delincuentes.

Se llegó a una contundente prueba probatoria gracias al profesionalismo del grupo investigativo de la Policía Provincial de Salta, los peritos y distintos gabinetes criminológicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales provincial, y el aporte crucial de Gendarmería Nacional en el análisis de las cámaras que permitieron reconstruir todos los movimientos de la organización criminal, señaló Ricardo Toranzos.

El tribunal reconoció la gravedad del delito, considerando que el narcotráfico representa una amenaza social significativa.

La condena a estos cuatro individuos se suma a las tres sentencias dictadas previamente por este mismo tribunal, en un acuerdo pleno homologado para otros miembros de la célula criminal.

Se espera que el proceso judicial contra el último integrante de la organización culmine pronto con una salida alternativa de resolución de conflicto, incluyendo acuerdos parciales y completos.