El Gobierno nacional ha dado un paso significativo en su batalla contra la politización de las instituciones estatales con la implementación de un decreto que busca eliminar la propaganda política partidaria de los edificios públicos.
La medida, publicada recientemente en el Boletín Oficial, establece fuertes límites en el uso de bienes estatales con fines personales o partidarios, buscando garantizar la neutralidad institucional y evitar el culto a la personalidad.
El decreto 10842024, firmado por el Presidente y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, prohíbe explícitamente la colocación de imágenes, símbolos o referencias que puedan interpretarse como propaganda política o exaltación de figuras políticas en edificios, monumentos u otros bienes estatales.
Esta medida se da semanas después del anuncio de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien dio inicio a un proceso de reordenamiento de espacios públicos con el objetivo similar.
La prohibición busca dotar de mayor objetividad a las denominaciones o nomenclaturas de espacios públicos, evitando que sufran los vaivenes propios de los cambios de gobierno, explica el decreto.
Se prohíbe denominar bienes estatales con nombres de personalidades políticas antes de transcurridos diez años desde su fallecimiento, considerándose esta práctica una infracción grave de los principios republicanos.
El decreto también establece restricciones para los funcionarios públicos, prohibiéndoles utilizar recursos o bienes del Estado para promocionar su propia imagen, ideología o afiliación política.
La medida ha sido recibida con diferentes opiniones.Algunos sectores la ven como un paso necesario para despolitizar las instituciones y garantizar una mayor neutralidad, mientras que otros la critican por considerarla una limitación a la libertad de expresión.
Es fundamental que los espacios públicos sean reflejo del Estado de derecho y no se utilicen para fines partidistas, afirma un experto en Derecho Administrativo que prefiere reservar su nombre.
Es importante que esta medida no se convierta en una herramienta para silenciar las voces disidentes.
El decreto habilita a los ciudadanos a denunciar posibles infracciones sin costo alguno a través de la plataforma digital Trámites a Distancia (TAD).
El incumplimiento de estas normas será considerado como una infracción grave y podría derivar en responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales para los implicados.