En un movimiento que busca reformar el sistema político argentino, el gobierno nacional, liderado por Javier Milei, presentó un proyecto de ley al Congreso de la Nación para recortar los privilegios que disfrutan los partidos políticos.
La iniciativa, impulsada por el asesor estrella del presidente, Santiago Caputo, llega en un contexto de fuerte tensión política y con el Presupuesto 2025 frenado en medio de la falta de consenso con la oposición.
El proyecto, presentado a través del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, busca fortalecer la democracia representativa mediante una serie de reformas estructurales a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.
Los partidos políticos, como instituciones fundamentales del sistema democrático, reciben un trato privilegiado por parte del Estado.
Esta reforma tiene como objetivo dar de baja esos privilegios, explican desde la Casa Rosada.
El documento propone diversas medidas para reducir la fragmentación partidaria y evitar la proliferación de partidos con fines económicos.
Entre las principales modificaciones se destaca el aumento del porcentaje mínimo de afiliados requeridos para constituir partidos en distritos con mayor población, pasando del 0,4% al 0,5%.
Asimismo, se elevaría el tope de electores para el cálculo de afiliaciones de 1 millón a 2 millones y se incrementa el número de distritos necesarios para obtener reconocimiento nacional de 5 a 10.
Estas medidas buscan evitar la proliferación de partidos pequeños como La Libertad Avanza (LLA) que, según algunos analistas, dificultan el panorama político y promueven una fragmentación desestabilizadora.
El proyecto también establece nuevos requisitos para conservar la personería jurídica de los partidos políticos.
Se requiere participar en tres elecciones consecutivas, obteniendo al menos dos por ciento de los votos en cada una, en lugar de las dos elecciones con mínimo 2% de votos que rigen actualmente.
Se introduce una afiliación digital, eliminando el sistema basado en fichas físicas y telegramas, y se actualizan mecanismos de control sobre padrones partidarios y la obligatoriedad de establecer cómo se distribuyen los votos y fondos entre los integrantes de las alianzas.
Se espera que el debate sobre este proyecto sea intenso y polarizado, ya que impacta directamente en la estructura del sistema político argentino.
Los partidos políticos tendrán hasta junio de 2026 para adaptarse a los nuevos requisitos establecidos por esta reforma.