El gobierno del presidente Javier Milei ha anunciado la revocación de las pensiones que percibía la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tanto por su mandato presidencial como por ser viuda del expresidente Néstor Kirchner.
Esta decisión se produce luego de la confirmación en segunda instancia por parte de la Cámara de Casación Penal de la condena contra Fernández de Kirchner por corrupción en relación a la concesión de obras públicas durante sus mandatos.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, justificó la medida al afirmar que la condena por administración fraudulenta representa lo contrario al honor, mérito y buen desempeño que según la ley 24.018 son los requisitos para acceder a estas pensiones no contributivas.
La jubilación a un mandatario no debería existir en Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a los argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política, afirmó Adorni.
El anuncio ha generado controversia y debate sobre su legitimidad legal y política. Se argumenta que la decisión se toma en plena etapa judicial, ya que Fernández de Kirchner aún puede apelar el fallo a la Corte Suprema de Justicia.
Algunos analistas consideran que la medida busca enviar un mensaje contundente contra la corrupción y establecer un precedente para futuras condenas por delitos similares.
Este caso expone una profunda tensión entre el principio de presunción de inocencia y la necesidad de aplicar justicia efectiva, señala la politóloga Mariana Izaguirre.
Es fundamental garantizar que cualquier acción gubernamental se base en el debido proceso legal.
Por otro lado, la decisión ha sido criticada por sectores políticos opositores como un acto de venganza política por parte del gobierno de Milei.
La revocación de las pensiones a Cristina Fernández de Kirchner es una medida arbitraria y punitiva que busca silenciar a la oposición, afirmó el diputado Juan Pérez.
El anuncio también ha generado reacciones emotivas en la sociedad argentina, con opiniones divididas sobre la legitimidad y el impacto moral de esta decisión.